“Me das 40 dólares o te mato a la salida”, le dijo un estudiante a Marina, una maestra de un colegio ubicado en Nueva Prosperina. La docente pensaba que se trataba de una broma pesada de un malcriado hasta que se enteró de que el adolescente de 14 años que la amenazó sería parte de una de las peligrosas bandas que se disputan el territorio en dicho sector. Desde entonces lo ha evitado, pues teme que ande armado.

Marina es una de las decenas de docentes y directores de planteles educativos que en las últimas semanas se han acercado a la Fiscalía del Guayas para denunciar que están siendo víctimas de ‘vacunadores’ (extorsionadores), de estudiantes y sus familias.

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Así lo confirmó el fiscal César Peña, quien ahora está a cargo de la Unidad denominada DACE (Denuncias contra Autores, Cómplices y Encubridores). El funcionario aseguró que cada semana han llegado a su unidad entre 20 y 30 docentes para denunciar que están siendo extorsionados y amenazados a través de mensajes de whatsApp y panfletos que les dejan en sus puestos.

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Estos casos se han dado en Monte Sinaí, Pascuales, suburbio, isla Trinitaria y Guasmos, detalló Peña.

No solo les piden dinero, sino también estudiantes les exigen que les suban una calificación o incluso les dicen que quieren que renuncien y se vayan de la escuela.

Eso le ocurrió a Fabiola Luna, la profesora de una escuela del Batallón del Suburbio, quien contó que caminaba hasta la calle 29 luego de salir de clases cuando dos hombres en tricimoto se le acercaron y la insultaron.

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“Luego del respectivo insulto me dijeron: ‘No te queremos ver trabajando en ninguna escuela del suburbio. Si no haces caso te vamos a matar’. No me pidieron dinero”, recordó Luna, quien tiene semanas haciendo trámites en el distrito de Educación para que la trasladen a otro plantel, pues sostuvo que teme por su vida.

El fiscal César Peña recibió su denuncia el año pasado y envió un pedido al distrito educativo para que se gestione más rápido el cambio de plantel a la maestra. Así, este miércoles le informaron a la profesora que la iban a mover a otra escuela, pero solo por diez meses.

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Luna explicó que al principio no le querían aprobar el cambio porque ella apenas tiene un año con nombramiento y, según la Ley de Educación, se necesita que esté dos años en su puesto antes de solicitar el traslado a otro plantel.

Muchos maestros estarían en esa situación, aplicando solicitudes para ser cambiados a otros planteles, pero les preocupa a dónde los van a mandar a trabajar. La dirección zonal de Educación confirmó que en la zona 8 un total de once profesores han sido cambiados de institución educativa desde el 2022.

La entidad también confirmó que la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en concordancia con su Reglamento General de aplicación Art. 300, estipula que el docente puede solicitar su traspaso dentro del programa de bienestar social entre los cuales se considera casos como: b) Los que requieran cambiar de lugar de trabajo por amenaza a su integridad física, debidamente comprobada.

Isabel Vargas, presidenta nacional de la Unión Nacional de Educadores (UNE), dice estar muy preocupada por la situación de los docentes. La educadora advirtió que la cultura de la extorsión se está normalizando en Ecuador hasta el punto de el que ahora los maestros no solo son víctimas de ‘vacunadores’ que les piden dinero para no atacarlos cuando salen de planteles en zonas peligrosas, sino que incluso los estudiantes y sus familias han empezado a amenazarlos.

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Vargas sostuvo que este tipo de amenazas se están dando en todo el país, incluso en pequeñas comunidades de la Sierra, sin embargo, recalcó que los casos más graves y de mayor preocupación para el gremio se están reportando en Guayas y Esmeraldas.

En esas provincias, dijo la dirigente, son los propios estudiantes los que amenazan a los maestros y que ahora con el porte de armas temen que se puedan dar ataques.

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Ella pide al Ministerio de Educación medidas ante la ola de violencia y explicó que la ley obliga a que tres veces por semana los profesores se queden trabajando dos horas más después de clases para completar las ocho horas laborales, pero destacó que en planteles vespertinos de zonas como Socio Vivienda, en el noroeste de Guayaquil, los docentes corren peligro.

“Imagínese, salen a las 20:00 y los hombres armados los esperan en la esquina para pedirles que paguen para cuidarlos. Ellos entregan lo que tienen y se quedan con centavos para el bus”, contó la presidenta de la UNE, que además puntualizó que ha conocido directamente unos 20 casos, pero le preocupa que la mayoría de sus colegas no están denunciando sino que estarían pagando de lo poco que tienen.

“No ha cumplido el Gobierno, debe atender al sector educativo. Esto va más allá de poner un policía o un militar en la puerta; deben preocuparse también de la salud mental de estudiantes y maestros”, manifestó ella. (I)