El estado de excepción decretado este lunes, 8 de enero, a nivel nacional también abarca al sistema carcelario del país.

Con una vigencia de 60 días, el estado de excepción establece una serie de medidas que se aplicarán en las cárceles.

Dentro de lo principal, se dispone la movilización de las Fuerzas Armadas en el interior de los centros de privación de libertad del país.

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El ingreso de las Fuerzas Armadas, según el decreto, será de manera complementaria para garantizar que no exista amenaza o alteración grave a la vida e integridad física o sexual de las personas privadas de libertad, visitantes y servidores.

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“La movilización tendrá como objetivo adicional, reforzar la seguridad interna y perimetral de centros de privación de libertad, vías, y zonas de influencias de estos...”, contempla el decreto.

Con este decreto se suspende el derecho a la libertad de reunión dentro de las cárceles. Esta consiste en impedir cualquier acción que afecte la seguridad y el orden público.

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Los militares han hecho requisas en estas últimas horas en las cárceles.

Según el decreto, se limitará la conformación de aglomeraciones y de espacios de reunión en el interior de los centros de privación de libertad.

Además, en las cárceles se suspende el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia. Con ello se busca detectar cualquier tipo de acción ilícita. Se prohíbe el acceso a cualquier carta, mensaje, comunicación o misiva, en cualquier soporte.

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Como parte de las medidas también se declara zona de seguridad a los centros de privación de libertad, así como en el radio de un kilómetro del perímetro de cada centro. Esto implica que la Policía y los militares podrán hacer controles de registros de automotores.

El Gobierno, además, dispuso las requisiciones dentro de las cárceles para mantener el orden y la seguridad.

Este nuevo estado de excepción se concreta tras la aparente fuga de Adolfo Macías, alias Fito. (I)


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