Inquietud, rechazo, dudas y respaldos causa en sociólogos, analistas, exfuncionarios policiales y académicos la decisión del Gobierno nacional de autorizar el porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley y reglamentos.

El presidente Guillermo Lasso anunció esta medida el sábado 1 de abril, en cadena nacional, que se suma a otras más, como la tenencia y uso de gas pimienta y el estado de excepción en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) y en las provincias de Santa Elena y Los Ríos.

Para Agustín Burbano de Lara, sociólogo por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y coordinador de proyectos de la organización FES ILDIS, excepto Suiza, todos los países que permiten el porte de armas para civiles poseen altos índices de homicidios por cada 100.000 habitantes.

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Sostuvo que esa lista la encabeza Estados Unidos, donde la portación tiene regulaciones mínimas. En Suiza, acotó, la portabilidad no ha generado más violencia porque posee capacidades regulatorias adecuadas —algo que en Ecuador es inexistente— y es parte de los países que experimentan los mayores indicadores de desarrollo humano.

A modo de ejemplo, sostuvo que durante la primera década del chavismo, en Venezuela, cuando se experimentaron procesos de redistribución de ingresos y alivio significativo de la pobreza, creció la violencia.

“¿No era que la violencia era producto de las desigualdades? La respuesta fue que, una vez que las personas necesitan aprender a emplear armas de fuego porque el Estado no cumple su rol, esa redistribución del ingreso se fue hacia la compra de armas”, sostuvo.

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En un campamento delincuencial se encontraron municiones, un fusil, pertrechos, alimentadoras, uniformes de camuflaje, mochilas de combate y más.

El coronel en servicio pasivo de la Policía Carlos Blanco, quien dirigió varias unidades de inteligencia de la Policía y fue director de Seguridad Pública, señaló que era un pedido que la ciudadanía en general venía haciendo, y gran parte de ella necesita sentirse protegida.

Indicó que va a ocurrir un tema interesante desde el punto de vista de la percepción de seguridad, porque los delincuentes ya no estarán confiados en que pueden entrar a domicilios o establecimientos a asaltar y salir ilesos.

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Para Burbano de Lara, el mensaje del Estado es que posee una incapacidad de cumplir su rol fundamental de garantizar el monopolio del ejercicio de la violencia.

Agregó que los ciudadanos jamás podrán superar al crimen organizado; que por ello se lo califica de “organizado”. De hecho, a su criterio, está mejor organizado que el Estado e instrumentaliza sus instituciones mejor que el Gobierno democráticamente electo.

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Cuando hubo escalada de violencia durante la primera década de los años 2000, se emplearon políticas estrictas de control de armas, pero —añadió el sociólogo— el problema ahora es que las Fuerzas Armadas no están cumpliendo su rol de desarmar efectivamente a las bandas en particular y a la población en general.

Añadió que tampoco están actuando sobre las armerías artesanales que volvieron a trabajar. Y que, si no están cumpliendo su rol de sacar las armas de las calles, cómo se les van a asignar tareas adicionales, como patrullar.

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Luis Córdova, profesor y director del Programa de Investigación sobre Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central, considera que el libre porte de armas para civiles multiplicará los homicidios, estimulará la carrera armamentista entre grupos criminales y facilitará la creación de grupos armados paramilitares financiados por gremios empresariales.

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Ante la posición de algunos sectores de que van a aumentar los delitos y asesinatos, Blanco mencionó que, en otros países que superan en población a Ecuador, el porte de armas no genera la violencia que se cree.

“Es justamente lo que nos han vendido, tratando de desarmar a la población como hicieron antes, para que lleguemos al estado en el que estamos como país”, opinó.

Para Córdova, la flexibilización de la tenencia y porte de armas beneficia directamente a las empresas de seguridad privada.

“¿Qué me daría miedo que pase en un futuro cercano? Que entremos, como en Estados Unidos, en una carrera armamentista. Que cada vez sea necesario tener un arma más grande y poderosa, hasta que lleguemos al escenario de tener civiles portando rifles de asalto, semiautomáticos”, expresó Agustín Burbano de Lara.

Universidades, como la de Cuenca y la Politécnica Salesiana, rechazaron la decisión presidencial, pues creen que agudizará los conflictos y la violencia, y que es una medida que transfiere a los ciudadanos la responsabilidad estatal de la seguridad y protección. (I)