La jueza María de los Ángeles Ambas negó la acción de protección por presunta discriminación racial que interpusieron Christopher S. y su familia.

En redes sociales, a finales de mayo, una mujer afroecuatoriana, en un video, calificó como acto de racismo un accionar militar de requisa durante un operativo implementado en una estación de transporte público de Quito, en el cual estuvo su hijo.

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Al chico lo revisaron y, para su madre, lo hicieron de muy mala manera, pues lo tomaron del cuello, de la mochila y le preguntaron sobre lo que llevaba. Además —agregó— lo insultaron y lo agredieron.

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Luego de ese hecho se presentó una acción judicial, y el viernes 30 de junio se realizó la audiencia de acción de protección en el Complejo Judicial Sur que fue interpuesta por el joven y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), pero fue suspendida y se reanudó el viernes 7 de julio.

Según Inredh, la jueza sostuvo en su resolución oral que no se evidenciaron elementos que demuestren la existencia de un acto de discriminación ni tampoco existió un trato diferenciado hacia el muchacho, y que la actuación de las Fuerzas Armadas estuvo bajo un decreto ejecutivo. Con esos argumentos, la jueza rechazó la acción de protección.

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Al cierre de la audiencia intervino Christopher S., para quien vulneraron sus derechos. A su criterio, los militares los abordaron de manera agresiva.

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Una reparación integral se buscaba con la acción judicial, que incluía las disculpas públicas de un canal de televisión que difundió el operativo, de las Fuerzas Armadas y del periodista que cubría el operativo a título personal. (I)