De diez a más de diecisiete años de cárcel se aumentó la pena privativa de libertad para Luis Rafael I. como autor del homicidio de su cuñada Priscila C.

En mayo del 2022, el sujeto se trasladó desde su residencia en el cantón Santa Isabel hasta una vivienda ubicada en el sector de Quinta Chica de Cuenca, donde él se alojaba y vivía su cuñada. Llevó un martillo para ejecutar a su víctima.

Al día siguiente, luego de que los hijos de ella acudieron a un centro educativo, la atacó y la golpeó con el martillo en la cabeza hasta matarla.

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Luego limpió la escena del crimen, trasladó el cuerpo hasta la habitación de él, en el tercer piso para lavarlo y envolverlo con cobijas.

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Mientras tenía escondido el cadáver, llamó a un compañero de la universidad , con quien estudiaba veterinaria, y le pidió que le haga una carrera para trasladar a siete perros que había cercenado con el propósito de obtener los esqueletos, los cuales estaban envueltos en cobijas.

Sin conocer que entre las cobijas se encontraba el cadáver de la víctima, el amigo ayudó a Luis Rafael I. a sacarlo de la vivienda y subirlo al vehículo.

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De allí, se trasladaron hasta la universidad y luego al sector Molinopamba, donde el ahora sentenciado lanzó el cuerpo a un terreno baldío.

Al no tener noticias de la mujer, sus familiares denunciaron su desaparición y dentro de las diligencias realizadas en junio del 2022, la Fiscalía receptó la versión del amigo, por lo que los agentes a cargo del caso acudieron al sitio y encontraron el cadáver.

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Entre las pruebas expuestas por la Fiscalía constan el testimonio anticipado del amigo del sentenciado, los testimonios de los familiares de la víctima, de los policías que investigaron el caso, del médico legista que realizó la autopsia médico-legal y de la perita en genética forense que realizó la prueba de ADN, la cual demostró que en el martillo, encontrado en la vivienda de los padres del sentenciado, se halló el perfil genético de la víctima y de Luis Rafael I.

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Con las pruebas expuestas, según la Fiscalía hubo la existencia de circunstancia agravante que es la de cometer una infracción en contra de una o más mujeres.

Con base en la argumentación, en una audiencia de apelación los jueces incrementaron la pena y confirmaron que el sentenciado deberá pagar $ 173.400 a los familiares de la víctima como reparación integral. (I)