Familiares, allegados y personal penitenciario se concentró la mañana de este martes, 8 de abril, en los exteriores del Palacio de Gobierno exigiendo seguridad ante los asesinatos registrados en los últimos días.
Según Wilman Alarcón, agente de seguridad penitenciaria, piden garantías al Gobierno para ejercer su trabajo. Indicó que en 2023 hubo 14 asesinatos, en 2024 fueron 20 agentes fallecidos, incluidos dos directores, y en lo que va del 2025 suman once.
El último hecho de sangre fue en Portoviejo, el lunes 7 de abril, cuando cinco guías penitenciarios de la cárcel El Rodeo fueron asesinados en dos ataques armados.
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Sostuvo que la seguridad penitenciaria es parte de la seguridad integral del país y pidió que sean una institución autónoma. Agregó que en el año 2021 las autoridades de ese entonces decidieron retirar el armamento que portaban.
Manifestó que hay dos normativas que los amparan, existen informes y autorización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para que se adquiera armamento, pues dijo que hay luz verde para pistolas nueve milímetros y subfusiles.
Además, expresó que están listos los chalecos de protección balística, uniformes, así como equipo de protección desde diciembre, pero por trámites que aún están en marcha no les han entregado.
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Acerca de los motivos de los asesinatos en contra del personal penitenciario, opinó que ese es un trabajo de entidades correspondientes como Fiscalía, pero planteó que el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), institución que administra el sistema penitenciario, haga un seguimiento a las investigaciones.
Alarcón mencionó que no es viable que Policía o Fuerzas Armadas se encarguen de la seguridad penitenciaria, porque cada una tiene su misión, en tanto que ellos fueron preparados para esa tarea.
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“No más muertes” fueron algunos de los gritos que se escucharon en la concentración, en la cual también se exhibieron carteles con frases como “Queremos vivir” o “Nos están matando”.
En los centros de privación de la libertad hay alrededor de 35.000 personas privadas de la libertad (PPL) que son custodiadas por 2.600 agentes de seguridad penitenciaria, indicó. (I)
