Laboral, educativo, cultural, deportivo, sanitario, vinculación social y familiar, esos son los ejes del sistema de régimen de rehabilitación social para las cárceles de Ecuador.
Según el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), entidad que administra el sistema penitenciario en Ecuador, en el eje laboral se desarrollan programas de capacitación y de actividades en temas laborales, ocupacionales, productivos y de servicios con el fin de desarrollar capacidades y destrezas de carácter artesanal, intelectual, manufacturero o producción que promuevan el trabajo, producción y comercialización de los productos, bienes y servicios elaborados por las personas privadas de la libertad (PPL).
En el eje educativo, hay ofertas que corresponden a alfabetización, pos-alfabetización, básica superior, bachillerato general unificado y bachillerato técnico.
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En tanto que en el eje de salud existen planes, programas, proyectos y actividades de promoción, prevención y tratamiento de la salud integral, incluyendo huelgas de hambre, ideación suicida, intentos autolíticos, trastornos mentales graves, consumo problemático de alcohol y otras drogas.
Además, hay gestión y apoyo a las personas que han sido liberadas en los regímenes abiertos, que requiere el cumplimiento de por menos el 80 % de la pena impuesta, y semiabiertos, cuando por lo menos se ha cumplido el 60 % de la pena impuesta.
En estos casos hay desarrollo personal, laboral, trabajo comunitario, salud.
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En tanto que la atención restaurativa para adolescentes infractores contempla autoestima y autonomía, educación, salud integral, ocupación laboral, vínculos familiares.
Estos factores buscarían que la reincidencia penitenciaria baje, ¿pero en Ecuador hay o no una reducción?
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Este Diario hizo la consulta al SNAI, entidad que respondió que la Dirección de Análisis de Información inició un proceso exhaustivo -hace aproximadamente seis meses- para calcular el indicador de reincidencia penitenciaria.
“Al trabajar con los datos de años anteriores, se pudo evidenciar diversas inconsistencias en la información de las bases nominales, las mismas que requieren validación con otras instituciones del Estado”, argumentó.
Agregó que esa dependencia se encuentra trabajando en una metodología para depurar y corregir estas inconsistencias. Este proceso es crucial para poder calcular de manera precisa la reincidencia, ya que las actuales irregularidades en la base de datos histórica podrían afectar en el análisis real del indicador, adujo.
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En enero pasado, una delegación del Estado ecuatoriano acudió a una reunión efectuada en Austria, donde se abordó la elaboración de estrategias para la reducción de la reincidencia penitenciaria.
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Entre los logros de la reunión, a decir del SNAI, están la elaboración del borrador sobre reducción de la reincidencia carcelaria, una visión multisectorial que involucra justicia, salud, educación y bienestar social. Este enfoque permitirá abordar las causas fundamentales del delito y fortalecer los procesos de reinserción social, señaló.
Mientras que entre los compromisos adquiridos está desarrollar estrategias para el fortalecimiento de programas dentro y fuera de los centros penitenciarios, que faciliten la reintegración social, incluyendo educación, capacitación laboral, asistencia psicológica y programas de tratamiento para adicciones.
Asimismo, se estableció la necesidad de fortalecer la cooperación entre el sistema de justicia penal, el sector social, el sector privado y la sociedad civil para mejorar las oportunidades de reinserción de las personas liberadas.
“Este compromiso es esencial porque la reinserción exitosa no depende solo del sistema penitenciario, sino también del acceso a empleo, vivienda, apoyo comunitario y redes de contención social”, indicó el SNAI.
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Mercedes Caicedo, jueza nacional (e) en la sala de lo Penal, quien formó parte de una delegación del pleno de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que acudió al evento, mencionó que había un documento previamente analizado y que se buscaba que pueda convertirse en un modelo para los Estados con el fin de reducir la reincidencia carcelaria.
Para Pablo Punín, especialista en derecho penal y en criminología, dentro del censo penitenciario, aplicado en 2022, hay datos importantes que arrojan más o menos ideas de cuáles son los problemas que han tenido las PPL, que son indicadores del porqué tal vez han cometido delitos.
La labor difícil del sistema es tratar de identificar las razones para el cometimiento de delitos y trabajar en ellas, por lo que hay ejes educativos, culturales, de salud, mencionó.
Agregó que la razón del sistema penitenciario es aplicar esos ejes de tratamiento para que puedan rehabilitarse. Lamentablemente, a su criterio, no se le ha dado la importancia que merecen esos proyectos y eso ha causado que las políticas estatales se centren en el aislamiento más que en la rehabilitación y reinserción. (I)
