El comandante de la Policía de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), Víctor Hugo Zárate, habla de una pandemia social y económica que ha incrementado la violencia que se vive en el territorio que tiene a cargo desde hace un par de meses.

Menciona que siguen operativos para contener la violencia en seis distritos (Sur, Esteros, Portete, Nueva Prosperina, Pascuales y Durán), en especial tras el evento en la Playita del Guasmo, donde se ha logrado disminuir los casos; sin embargo, sostiene que se ha desplazado a otro territorio que están interviniendo.

Detalla que de los 271 asesinatos hasta el viernes 18 de marzo, el 86 % de ellos, 232 crímenes, en este territorio son por drogas; el 8 %, es decir, 21 casos, por violencia interpersonal; y el 6 %, 18 casos, por robos.

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La Policía hace muchos operativos, pero la cantidad de muertes violentas sigue subiendo, ¿están trabajando de forma inteligente?

Hay que entender que la Policía solo ataca consecuencias, todas las causas de esto no están en la cancha de la Policía Nacional. Si nosotros verificamos la ubicación geopolítica del Estado, estamos al norte con el más grande productor de coca y de la droga que circula por el país. Si nosotros blindamos las fronteras, el problema no lo tendríamos directamente acá. Si blindamos las fronteras, el problema no lo tendríamos en las ciudades y en los puertos.

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¿Cómo se controlan las fronteras?

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Ese control de fronteras no le pertenece directamente a la Policía Nacional. Es un pedido que se hizo al señor presidente para que se blinden las fronteras y evitar que la droga llegue directamente acá. Hay más de 90 pasos ilegales en la frontera; por el norte llega la droga y por el sur las armas.

Hay que entender el aspecto legal también. Hay una ley de Movilidad Humana en la que está tomando diferentes correctivos el presidente. Acá es un país de libre tránsito, ingresaron demasiados extranjeros sin ningún tipo de control. Hablamos de mexicanos, hablamos de albanos y una cantidad de personas que se dedican a hechos ilícitos en el país.

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¿Qué otras leyes deben revisarse?

También hay una ley de Inteligencia que aún no pasa por la Asamblea, que se ha pedido la diligencia. También están la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza, la Ley Orgánica de la Policía Nacional, la Ley de Extinción de Dominio; porque mientras usted no golpee las grandes economías ilegales, poco o mucho son los esfuerzos que puede hacer la Policía.

¿Cuál es el mayor problema del narcotráfico?

El problema más grande que tiene el país no es la droga que sale, sino la que se queda. El consumo de droga que se ha incrementado en el país es alarmante. Acá en Guayaquil niños desde los 10 años empiezan a consumir drogas. Ahí deben estar apuntalados todos los esfuerzos. La Policía ataca la oferta, pero la demanda viene de la familia, de los hogares, de las escuelas. Entonces hay que preguntar qué se está haciendo al respecto y en la Constitución dice que el consumo es un problema de salud pública, pero debe ser atacado desde ese punto.

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¿Qué hacer con los consumidores?

Muchos están en condición de calle, viviendo bajo los puentes bajo la influencia de drogas y se han ultimado entre ellos por una dosis. Todos los días hay llamadas de personas que piden que los retiremos, pero no tenemos la solución, nos tienen atados de manos porque no hay centros especializados y hay que cambiar la política pública para que el ingreso a rehabilitación no sea voluntario, sino obligatorio porque necesitamos darles una oportunidad.

Y en materia de muertes violentas, ¿se han incrementado los resultados de los operativos?

En lo que va del año 2022 van 1.261 detenidos en la Zona 8 por distintos delitos; el año pasado eran 977 detenidos en el mismo periodo. Van 444 armas retiradas de circulación versus 251 el año pasado. Eso es solo una muestra.

Las investigaciones de los asesinatos, ¿cómo van?

Van 271 asesinatos y 27 de ellos ya están resueltos, los otros 244 casos están en investigación; pero necesitamos la colaboración de los funcionarios judiciales. Hace un año desarticulamos la banda Chonekiller y tres meses después ya estaban libres y se destituyó al fiscal, pero esos hombres siguen en las calles y se cuidan más porque ya saben cómo actúa la Policía. (I)