En la edición del sábado 13 del presente mes he leído la “réplica” del superintendente de la Información y Comunicación a Diario EL UNIVERSO, por el digno y valiente “comunicado” que ese Diario dirigió a sus lectores en su edición del 10 de junio, y, tal como lo imaginé, no me causó sorpresa alguna la vacuidad y lugares comunes de su contenido, ni las inexactitudes ni los cautelosos silencios evidenciados en la misma. Suscribiendo las observaciones de la Nota de la Dirección que EL UNIVERSO publicó junto a la réplica aludida, me permito agregar a continuación los siguientes comentarios con respecto a dos de sus falsedades más notables: 1.- Carlos Ochoa dice en su réplica que vale recordar que la Ley Orgánica de Comunicación fue “aprobada por la Asamblea Nacional y ratificada en referéndum”; lo cual es una verdad a medias, porque si bien es cierto que esa ley fue aprobada (con todos los vicios que muchos conocemos) en junio de 2013 por la Asamblea Nacional, con casi cinco años de mora desde que tal aprobación le fuera ordenada por la Constitución de 2008, es totalmente falso que esa ley fuera “ratificada en referéndum” (tal como lo demostré en mis reflexiones publicadas en EL UNIVERSO del 17 de marzo de 2015, con el título ‘La Supercom y la SIP’). El único “referéndum” que tuvo que ver con esa ley, cuando aún no existía como tal, fue el de mayo de 2011 en el que se le consultó al pueblo, entre otras preguntas, que si estaba de acuerdo en que se expida esa ley para que “cree un Consejo de Regulación –jamás superintendencia alguna– que regule la difusión de contenidos... que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios, y que establezca criterios de responsabilidad ulterior a los comunicadores o los medios emisores”; a lo que el pueblo contestó afirmativamente con el 44,96% de todos sus votos. Es absolutamente falso, pues, que esa Ley Orgánica de Comunicación de 2013 fuera “ratificada en referéndum”, como Ochoa ha afirmado. 2.- Ochoa también dice en su réplica que el “derecho a la resistencia” reconocido en el art. 98 de la Constitución, al que EL UNIVERSO se ha acogido, dizque “constituye el último recurso [del afectado] una vez agotadas todas las instancias legales”, situación que dizque “no se aplica para el último proceso contra Diario El Universo”; pero lo que Ochoa calla olímpicamente es que ese art. 98, relativo exclusivamente al “derecho a la resistencia”, no se refiere para nada a la supuesta calidad de “último recurso”, que Ochoa le endilga gratuitamente a ese derecho, ni tampoco exige de manera alguna el agotamiento previo de ninguna “instancia” procesal para que pueda ejercerse, ya que semejantes presupuestos desnaturalizarían la esencia misma de la “resistencia”: ¡cualquiera puede resistirse en el mismo momento en que una autoridad lo agrede en cualquiera de sus derechos constitucionales, sin pedirle permiso a nadie! Pero como Ochoa sabía que aquel disparate jurídico invocado por él no tenía soporte alguno, para encubrirlo, tuvo que acudir de inmediato –en su réplica– a la falacia de pretender identificar al “derecho a la resistencia”, reconocido en el citado art. 98, nada menos que con la “acción ciudadana” a que se refiere el artículo siguiente (el 99), como que si fueran una misma cosa; maquillando el referido disparate –a renglón seguido– con la siguiente falsa afirmación: “Cabe destacar, además, que el artículo 99 de la Constitución manda que para ejercer esta acción ciudadana, es decir, el derecho a la resistencia [?], esta debe ser presentada ante la autoridad competente, lo cual no ha sucedido” (las itálicas –que evidencian el truco– no son del original). La inutilidad de esa falacia se demuestra por sí sola, en primer lugar, porque eso que Ochoa dice no es lo que manda el art. 99, y, en segundo lugar, porque la “acción ciudadana” y el “derecho a la resistencia” son dos cosas totalmente distintas: la primera es una de las varias “acciones constitucionales” de las que trata el art. 439 de la Constitución, como la “acción de protección”, la “acción de hábeas corpus” o la “acción de hábeas data”, que necesitan ser “presentadas”, mientras que el “derecho a la resistencia” se puede ejercer libremente, en las calles, en las plazas y hasta en las cárceles, como lo podemos hacer con el derecho a la libertad de opinión o el derecho que los creyentes tenemos a practicar nuestras creencias religiosas. Y por eso es que el citado art. 99 dice que la “acción ciudadana” debe presentarse “ante autoridad competente”; mientras que el art. 98 no exige semejante tontería para el ejercicio del “derecho a la resistencia”.

Por lo demás, es probable que a muchos lectores de EL UNIVERSO les haya sorprendido la media página dedicada a la réplica en cuestión y, además, que hayan advertido que en los últimos tiempos los diarios independientes cada vez están más atestados de las famosas “réplicas” y “rectificaciones” solicitadas desde varias instituciones del sector público, inclusive con pretensiones de imponer –a la brava– los textos de los titulares pretendidos por ellas; lo cual resultaría ser parte de la estrategia del oficialismo, para el acoso o el hostigamiento respectivo, que el mismo presidente del IESS reveló, sin empacho alguno, en una audiencia efectuada en la Supercom el 5 del presente mes de junio, por un titular del diario Expreso que lo molestó, cuando muy mondo y lirondo dijo: “No nos vamos a doblegar ante los medios de comunicación; si es que los medios tienen que llenar sus periódicos de rectificaciones y si es que estas superan a las noticias, pues bienvenida la Ley de Comunicación”; para agregar luego, con respecto al texto del titular pretendido, lo siguiente: “por eso es que ahora hemos aprendido que es mejor maquetarlo [al titular] para que lo publiquen”… ¡así, maquetado! (Según el Diccionario de la RAE, el verbo “maquetar” significa: “hacer la maqueta de una publicación que se va a imprimir”).

Matayotes matayotetos kai panta matayotes.

Nunca sabremos si en la revolución ciudadana se ha derrochado más el ingreso petrolero que la vanidad. (O)

Es absolutamente falso, pues, que esa Ley Orgánica de Comunicación de 2013 fuera “ratificada en referéndum”, como Ochoa ha afirmado.