En una entrevista televisiva de hace pocos días, el actual ministro de Agricultura defendió su gestión en esta cartera de gobierno apelando a lo que parece creer es la mejor diligencia que su ministerio haya generado para el pretendido rescate del sector agropecuario.

Explicó los beneficios del programa de los kits agrícolas; a decir verdad fue reconfortante que por lo menos alguien crea que han sido útiles de alguna manera, porque acá en el campo “entre negros” todos sabemos que esos benditos kits, al igual que pasó con el otro programa limosnero que fue el de la urea, terminaron acaparados en unas cuantas “manos negras” pero de blancos.

Pero lo verdaderamente doloroso es que se pretenda hacer creer al público que regalar estas bagatelas tiene en verdad algún beneficio, cuando todos sabemos que sirven para muy poco, mire usted: la variedad de los agroquímicos es extensa y algunos de acción específica para ser utilizados de acuerdo a la problemática de cada caso, y las malezas y las plagas no son necesariamente las mismas para todas las fincas, ni siquiera para las que tienen el mismo cultivo. Algo similar ocurre con los fertilizantes, que deben ser aplicados de acuerdo a las particularidades de cada lugar, la estructura y textura del suelo, disponibilidad hídrica, tipo de cultivo anterior y actual. Como no se podrían cubrir todas las variables, a lo mejor sería más útil si ese dinero destinado a los kits se empleara en construcción de acequias, albarradas, pozos profundos, caminos vecinales, puentes y tantas otras necesidades verdaderamente urgentes.

Luego expuso muy orondo un plan para conceder préstamos bancarios en montos de cien millones cada mes, y esto sí es valioso, señor ministro, pues financiamiento es lo que se necesita para tecnificar al sector y mejorar la productividad y calidad agropecuaria, solo faltaría corregir los errores de las políticas para concesión de préstamos, para que su aplicación sea realmente democrática.

Porque, verá usted, para fomentar la tecnificación hay que pensar en préstamos de inversión y no solo para capital de trabajo, es decir que el objetivo deberá ser principalmente infraestructura, más equipo y maquinaria, pero se obliga al prestatario a constituir garantías por el 125% del valor del crédito y esto no es posible para el nivel económico del pequeño ni mediano productor; se exige también un garante en calidad de codeudor que pueda comprobar solvencia suficiente para ser calificado como tal, lo que no es posible en el ámbito social del mismo productor pequeño.

Con estas incongruencias podremos ofrecer todo el dinero del mundo para fomento agropecuario, pero solo podrían acceder a él las empresas de producción con grandes capitales, manteniendo el espíritu discriminatorio, elitista e ignominioso que ha dominado las políticas crediticias desde siempre. ¿Qué tal un cambio, economista? ¿Qué tal si en lugar de fijar cobertura a las garantías, que sí deben constituirse, les damos una valoración a los proyectos de factibilidad que deben acompañar a todos los préstamos para desarrollo? Tal vez sería una buena idea cambiar el tema de garantes y codeudores a condiciones más compatibles con la situación, como por ejemplo experiencia mínima del beneficiario de tres o cinco años en la actividad, o haber obtenido un título afín al objetivo del préstamo solicitado.

Hay otras cosas que necesitan corregirse, como el porcentaje de financiamiento de los proyectos y la conformación de la tabla de amortización, entre otras más, lo importante es que la ayuda al segmento de los pequeños y medianos productores no debe quedar solo en buenas intenciones, hay que identificar los errores y hacer las correcciones adecuadas. (O)