Por Leonidas M. Drouet Mármol

 

El expresidente Correa, prófugo de la justicia, ha renunciado a desvirtuar las acusaciones formuladas y la orden de prisión en su contra, así como de las que más adelante pudieran serle expedidas en otros procesos. En una conferencia difundida por los medios sociales, Correa expresó: “...Esto se resuelve políticamente. La cuestión jurídica, mía, de Jorge, se resuelve políticamente. Esto es político, no es judicial…”. Su mensaje parecería ser: no necesito defenderme. No importa de qué se me acuse. Todo se soluciona políticamente, no jurídicamente ni judicialmente. En consecuencia, él no necesita defensa alguna, solo volver al poder.

En tal proceder está retratada la personalidad y el accionar de quien nos gobernó los últimos diez años y su forma dictatorial de entender la ley, así como los inexistentes principios jurídicos que rigieron su accionar en el ejercicio del poder. Comprendemos así la imperiosa necesidad que tuvo de meter la mano a la justicia, no para aplicar la ley sino como medio político para utilizarla al servicio de sus intereses.

El expresidente recurre a la política ante la imposibilidad de desvirtuar las acusaciones del fiscal y sus acusadores. Renuncia a toda defensa jurídica. Desdeña las irrefutables pruebas del fiscal. Deslegitima a sus jueces para no enfrentarlos y huye. Con su exilio voluntario aprovecha a su favor las normas penales y asegura la inacción procesal en su contra e impide la expedición de eventuales sentencias.

No se trata entonces de una impronta, de un mecanismo psicológico de defensa o de expresiones vertidas al calor de la pasión política las declaraciones del expresidente en Génova, Italia. Pretender, desde ya, subordinar lo jurídico a lo político, en el fondo, se trata de una hábil maniobra publicitaria que le permite enfrentar a la prensa, a la Interpol y a sus escuchas, sin tener que responder a los inevitables interrogantes jurídicos para los que no tiene respuesta. Es un meditado y efectivo mecanismo oculto bajo el ropaje de un cinismo bien aprovechado.

Si la sentencia, condena y encarcelamiento del exvicepresidente y el llamamiento a juicio y orden de prisión que pesa sobre el expresidente podrán ser objeto de futuras soluciones políticas, ¿por qué no podrían ser objeto, igualmente, las órdenes de prisión, sentencias y condenas que se hayan expedido o se expidan mañana contra sus colaboradores? Parecería decir con su tesis el expresidente que les garantiza a ellos la impunidad. Para lo anterior solamente deberán cerrar filas a su lado, ya que todos los procesos y sentencias que hubieren sido expedidas en contra de ellos, por más ejecutoriadas que estén, cuando él vuelva al poder, dejarán de ser problemas jurídicos, ¡serán tan solo problemas políticos!

Ante el severo juicio de los medios de opinión y huérfano de apoyo mediático, Correa pretende con su alocución, reclutar a sus convidados, excolaboradores y ecuatorianos inmigrantes, tratando de incorporarlos al número de sus “guerreros digitales” para mediante su labor, como única defensa, denigrar al Gobierno, a los medios de opinión y a sus jueces. Necesita abogados que no pregunten para asumir su defensa, valiéndose de WhatsApp, Twitter y Facebook. A sus “guerreros digitales” los alienta como eventuales electores de una onírica Asamblea Constituyente que lo reintegre al poder, para entonces solucionar políticamente todos los “problemas jurídicos” de la década pasada, mediante mandatos, indultos o amnistías, violentando el Estado de derecho, el debido proceso y el respeto a las decisiones judiciales. ¿Estamos acaso ante un “sueño de perros”? (O)