La crisis venezolana comenzó un nuevo episodio luego que Nicolás Maduro asumiera la presidencia de la república el pasado 10 de enero sin la legitimidad democrática que proporciona una elección libre, justa y competitiva.

Pero ¿por qué la elección del 20 de mayo de 2018 no fue democrática? Existen varias razones; la principal es que la tarjeta que representaba a la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática-MUD, así como los partidos opositores más importantes fueron ilegalizados.

Pero la tarjeta de la MUD no era cualquier tarjeta. Con sus más de 7,7 millones de votos obtenidos en las elecciones parlamentarias de 2015, es la plataforma política que cuenta con más votos en la historia electoral de Venezuela, superando incluso a los obtenidos por Chávez y Maduro a través de su poderoso Partido Socialista Unido de Venezuela-PSUV, el segundo más votado, contando como tope los 6,4 millones obtenidos en las presidenciales 2012, última elección en la que participó Hugo Chávez.

No obstante, la ilegalización de los partidos de oposición fue solo la gota que derramó el vaso. La última de una larga serie de manipulaciones electorales destinadas obstruir, distorsionar e impedir la expresión de la voluntad popular para mantener el poder. Modificación de la normativa electoral, inhabilitación de candidatos, Gerrymandering, uso y abuso de los recursos del Estado, acceso privilegiado a los medios de comunicación públicos, manipulación del registro electoral, creación de nuevos centros electorales, distribución arbitraria de los electores en los centros electorales, intimidación y compra de votantes, entre muchos otros. Por todo ello, las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 no han sido reconocidas por el liderazgo opositor, ni por buena parte de la comunidad internacional.

Entonces, si no se han realizado elecciones democráticas para designar un presidente para el período 2019-2025, y en vista de que el período constitucional para el que Maduro fue electo en abril de 2013 culminó el 9 de enero de 2018, se hace necesario buscar en la Constitución los mecanismos disponibles para retornar al Estado de derecho, no sin antes afirmar lo evidente: que en efecto, la democracia en Venezuela se extravió por completo, en el mismo momento en que Maduro fue juramentado presidente sin cumplir el requisito constitucional: ganar unas elecciones democráticas.

El artículo 233 de la Constitución señala el camino para subsanar el desvío autoritario y regresar a la democracia. En caso de falta absoluta del presidente “se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o la nueva presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional”.

Esta ha sido la labor para la que el diputado Juan Guaidó se ha “encargado”, según mandato constitucional, temporalmente de la presidencia de la república. Al menos así lo ha señalado públicamente.

Por supuesto, el trabajo no luce sencillo, pues hoy la fuerza y la ley caminan por sendas contrarias. Y Maduro parece dispuesto a absolutamente todo con tal de permanecer en el poder.

La imagen de la muralla improvisada por Maduro en la frontera colombo venezolana con contenedores para impedir la entrada de medicinas y otros donativos para atender la crisis humanitaria en Venezuela es representativa de la lucha que se libra entre quienes están dispuestos a sacrificar al pueblo y quienes desean dejarlo decidir libre y democráticamente. El chavismo es el miserable muro que impide a los venezolanos avanzar. (O)