Desde que tengo uso de razón vengo escuchando que la solución del Ecuador gira en torno, entre otras medidas, a la eliminación del subsidio de los combustibles; que es una distorsión de la economía, que son unos pocos que se aprovechan.

Sin embargo, no deja de ser un tema tabú, una medida que todo gobernante quiere evitar, que muchos candidatos ofrecen pero cuando llega el momento de actuar, la guardan en el cajón más recóndito del despacho.

¿Se ha puesto a pensar, amigo lector, qué circunstancias viven las finanzas públicas para decidir la eliminación del subsidio a los combustibles de golpe y porrazo?

Son muchas preguntas que surgen al analizar lo vivido.

¿Qué tan cierto es que era una exigencia del FMI y que el desembolso que se espera será para pagar deuda externa?

¿Es que era de vida o muerte la medida?

¿Por qué no se conversó la medida previamente con movimientos sociales, gremios y la clase política?

¿Por qué no se buscó un texto consensuado con compensaciones para los grupos más vulnerables o focalización, como ahora se propone, después del desastre que vivimos?

Dicen en la calle que luego de la guerra todos son generales, eso es cierto; por tal razón, prefiero pensar que la medida era inevitable; que en un mundo ideal, el gobierno ya había tomado todas las otras decisiones necesarias para mejorar las finanzas públicas; que ya no se puede reducir más el tamaño del Estado, que no hay otras fuentes de financiamiento. Supongamos por un momento que todo ello es cierto.

Entonces, si llegamos al escenario de lo responsablemente inevitable, ¿qué pasó con la inteligencia del Estado?

¿De verdad pensaron que no ocurriría nada. Que los movimientos sociales digerirían la medida y que con un dirigente transportista preso se acababa el problema?

¿De verdad?

¿En serio no sabían que el correísmo estaba preparado para sembrar el caos y que el movimiento indígena y las izquierdas buscarían esta excusa para recuperar el espacio político perdido gracias a haber sido cómplices de la dictadura correísta?

¿En serio no se les ocurrió negociar la medida antes que las protestas destruyan el centro histórico de Quito, pongan en riesgo a la ciudadanía en muchas zonas de la Sierra y el cauce democrático del Ecuador?

Se estima que las pérdidas para el país bordean los 3.000 millones de dólares; el doble del ahorro que supuestamente recibiría el Estado en un año, y que ahora será mucho menor con las compensaciones que seguro vendrán y que ojalá no sean dirigidas únicamente (como premio) a los que pusieron en zozobra al país.

Escucho voces que exigen justicia; castigo para los golpistas, para los vándalos.

Justicia, por supuesto; justicia siempre; pero si tan solo con ella se solucionaran los problemas del país.

Al final no hay ganadores, todos perdimos y nos quedamos con un país que no termina de digerir lo vivido.

Ojalá aprendamos las lecciones de este oscuro capítulo, que sinceramente creí que nunca viviría en nuestra otrora “isla de paz”

¿Cuáles son esas lecciones? Materia en desarrollo, pero que las hay, las hay. (O)