La Constitución reconoce el derecho a la autodeterminación y a la propiedad ancestral de las riquezas del subsuelo para los pueblos que deciden vivir en aislamiento. En la década de la ‘revolución ciudadana’ (RC) se consolidó una mafia de grupos ‘ambientalistas’ que administró los límites de las zonas protegidas y de los pueblos no contactados, creando el poder de dar o negar permisos de todo tipo, incluyendo actividades de turismo, productivas y de extracción. Es un marco ideal para que los contactos, que hablan a nombre de los no contactados gestionen beneficios particulares, como consultorías y la colonización turística de la Amazonía. Todo a nombre de la autodeterminación.

A Guayaquil, en cambio, el Ecuador unitario no le reconoce el derecho de construir un acceso vial racional a sus puertos, que mueven el 85 % del intercambio físico del país con el mundo. Frente a una declaración de Rafael Correa, el 19 de agosto de 2014, le escribí en este Diario: “¿Por qué es más prioritario hacer dos supervías hacia un nuevo aeropuerto que usted mismo calificó de “atraco”, antes que construir el puente sur sobre el Guayas que acercaría en hora y media el transporte de carga entre Guayaquil y el Austro, ahorrando al país millones en combustible y reduciendo muertos en la Perimetral?”.

Luego escribí cinco artículos más. El proyecto estuvo a punto de cristalizarse en octubre del 2017 y se paró cuando nombraron ministro de Transporte y Obras Públicas a un pariente de los dueños de la empresa que cobra el peaje del PAN, que es un acceso al puerto más largo y destructivo. El ministro finalmente renunció, pues Hidalgo e Hidalgo quedó vinculada en el caso Arroz verde, al igual que a casos de corrupción en Panamá, Colombia y Perú, en donde, según la delación de un funcionario de Odebrecht, formaba parte del cartel de compañías beneficiarias de adjudicaciones por reparto.

En mis artículos advertí que el nuevo concurso que armaron era solo el cuento del gallo pelón, para seguir beneficiándose del PAN. El mes pasado, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas le puso el LQQD a mis afirmaciones, cuando sacó la Resolución 214 (que, con excepción de este Diario, ha sido ignorada por la prensa), declarando desierto el concurso público internacional. La resolución dice: “dado” (sic) en la ciudad de Quito, el 3 de octubre 2019. Debería decir: “quitado” en esa ciudad.

Financiar el puente sur cuesta unos 30 años de peaje, pero equivale apenas a 45 días de sueldos de la burocracia central, esa es la desproporción que tiene jodido al país: 8 mil empleados de una Contraloría que resultó ser socia importante de las fechorías de la RC, 80 mil miembros de una fuerza del orden que no pudo evitar que incendien su edificio. Aun así, hay analistas y políticos que aprueban las pretensiones de nuevos impuestos.

Ser sensato suele significar defender el estado de las cosas. Pero alimentar la cuenta única y mantener un estado unitario, ineficiente y corrupto no es sensato. Tampoco lo es que Guayaquil no pueda administrar sus puertos y accesos viales. Los indígenas tienen un plan económico que, según Pancho Swett, nos regresaría al ordenamiento incásico del siglo XV. Si con eso pasan la vida encantados y se sienten la joya de ese Quito colonial, allá ellos; pero el Ecuador es más. Cada región debe poder definir el contenido y alcance de la educación y salud pública que quiere, y escoger su propio sistema de producción para lograr el desarrollo. Actualmente el modelo burocrático sigue siendo el extractivo colonial. Y los privados que participan en el gobierno son más lobbystas que generadores de entornos de producción. En el momento histórico actual, ser sensato es descartar el Estado unitario y diseñar un país federal con gobiernos locales que manejen su propio modelo y recursos. (O)

A Guayaquil, el Ecuador unitario no le reconoce el derecho de construir un acceso vial racional a sus puertos, que mueven el85 % del intercambio físico del país con el mundo.