Todo Estado está expuesto a sufrir temporalmente de crisis económicas, con gobernantes de izquierda o de derecha: son quiebras culposas cuando resultan apenas de la negligencia o ignorancia del jefe de Estado, pero son delictuosas las que son consecuencia de defraudaciones cometidas por gobernantes ladrones, que juegan al “hijo pródigo”, cuento bíblico que los hizo creer que los pueblos son padres putativos que también los perdonarían.

Para entender a cabalidad el peligro, transcribo de la Declaración Universal de Derechos del Hombre su “Artículo 21: 1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”.

Desde hace décadas la realidad es otra. Ninguna persona puede ejercitar dichos derechos salvo que sea dependiente de un millonario. Quienes acceden a las funciones públicas son quienes compiten con mayores caudales. En consecuencia, por admitirse la competencia desleal de uno o más candidatos, la elección no es “Auténtica”, y no expresa la voluntad popular. En conclusión. Las Américas sobreviven utilizando un sistema perverso, depredador, corruptor, que admite el dinero privado en las campañas electorales. Cierto que se han hecho esfuerzos para limitar la costosa propaganda: prohibir que alcaldes y prefectos durante su gestión se identifiquen con las obras públicas. Prohibir que las personas naturales o jurídicas aporten más de determinada cantidad de dinero, o especies, a las campañas electorales. Pero ninguna prohibición impide lo que ocurrió y seguirá ocurriendo a escondidas: los aportes de nacionales y extranjeros, a tal punto que un ejército revolucionario del país vecino financió la campaña presidencial ecuatoriana de 2006: que el gobierno venezolano envió maletines con billetes para financiar la campaña en Argentina. En el pequeño laboratorio criminal de Ecuador se sigue un juicio penal porque, ya no un candidato como prefirió Odebrecht, sino el presidente aceptó durante años que determinadas empresas hicieran periódicos aportes en dinero para que les adjudique obras o servicios públicos.

En resumen, el dinero privado, con origen lílcito o ilícito, decide las elecciones populares: los electores son determinados por la propaganda. Odebrecht sobornó a los candidatos presidenciales de varios Estados y despojó a los pueblos de su facultad de decidir su destino. Espanta que un solo hombre esté dotado de la facultad de determinar el destino de centenares de millones de personas. No fue solo el dinero sucio del terrorismo y del narcotráfico el que viene infectando las elecciones americanas. El dinero bien habido termina también corrompiendo los procesos electorales, como se ha descubierto en Ecuador, en su pequeño y mediocre laboratorio de crímenes ostentosos. La solución será objeto de otro artículo. (O)