El fin de semana, una brigada médica del Plan Toda Una Vida, del Gobierno Nacional, tuvo dificultades para acceder a la comunidad de Tigua, en la provincia de Cotopaxi, debido a la restricción que pretendió imponer el líder de la Conaie, Jaime Vargas, junto con otros dirigentes, que contraría el derecho de los ecuatorianos (Constitución, art. 66.14) de transitar libremente por el territorio nacional e impedía al Estado cumplir con uno de sus deberes primordiales (art. 3.1), en este caso brindar salud, pues las brigadas llevan ayudas técnicas de carácter social.

Tras el amedrentamiento hubo una negociación y al final los líderes indígenas dejaron pasar a la brigada, según información de la Presidencia.

A raíz de las protestas de octubre, incluso bajo amenazas de aplicar su justicia, la dirigencia indígena pretende imponer una cosmovisión de la que no participa la mayoría de los ecuatorianos.

El derecho de los pueblos y nacionalidades a mantener, desarrollar y fortalecer sus tradiciones ancestrales y organización social no podrá vulnerar otros derechos constitucionales (art. 57.10). Es necesario que transijan en las demandas que no aportan al entendimiento en favor del país como unidad, caso contrario, la Defensoría del Pueblo y, en último término, la Corte Constitucional deberán actuar. (O)