En ocasiones anteriores, he expresado la gravedad que constituye que el Ecuador, en los índices de libertad económica internacionalmente aceptados, ocupe lugares deplorables.

El índice que personalmente este columnista más usa, que es el del Heritage foundation, ubica al Ecuador en el puesto 170 entre 180 países. Está en la última categoría de las 5 posibles, y ese grupo se llama “países represivos”, entre los cuales están Corea del Norte, Cuba, Venezuela, y otras joyas más, cosa que he mencionado en algún artículo anterior. Compartir con ellos la categoría no es ningún honor.

Pero debemos entender el tema de la seguridad jurídica. Comencemos diciendo, y lo dice un economista con experiencia de política pública, que no hay manera de que un país, por más brillante que sea su política económica, pueda desarrollarse, y sostener ese proceso, sin que exista seguridad jurídica.

Veamos, pues, cuál es la valoración del Ecuador, y qué significa esto. Una de las 4 categorías mediante las cuales se evalúa a un país en ese índice es el de “Rule of Law”, esto es vigencia y prevalencia de la ley, seguridad jurídica. Esta categoría se la mide por tres conceptos: “derechos de propiedad”, “integridad del gobierno” y “eficacia del sistema judicial”.

Los derechos de propiedad indican si un contrato es seguro, si no me van a cambiar las condiciones. Indica si no me van a invadir un predio, si no van a aplicarme retroactivamente alguna disposición. Es decir, todo lo que da seguridad a un instrumento jurídico o a un título de propiedad. Pues bien, la calificación en este rubro es 35,6 sobre 100.

Luego viene el concepto de “integridad del gobierno”. En castellano simple, cuán corrupto es el sector público. La calificación es 25,3 sobre 100. Finalmente viene el concepto de “efectividad del sistema judicial”, en otras palabras cuán honestas y eficientes son la fiscalía, los jueces y en general el sistema jurisdiccional en todas sus instancias y atribuciones. Pues ahí la calificación es 20,2 sobre 100.

Miremos con atención estas cifras. Un inversionista extranjero está viniendo al Ecuador a tomar una decisión, sobre cualquier área. Con estas cifras su razonamiento es: 1.- Lo más probable es que me pida plata gente del sector público. Con una calificación de 25,3 sobre 100, podríamos usar las matemáticas para decir es 74,7 % probable que me saquen plata. 2.- Una vez que me asignan el contrato, la seguridad de ese contrato es bajísima, y por lo tanto, si la calificación ahí es de 35,6 sobre 100, voy a tener la probabilidad de 64,4 % de que mi contrato no sea respetado. 3.- Luego de entender que me van a sacar plata, y que no me van a respetar el contrato, tengo que entender que iré a pelear en las cortes, y que las cortes tienen una calificación de 20,2%. Tengo un 79,8 % de que no me den la razón si la tengo, y que además me saquen plata. O de que para que me den la razón me la saquen igual.

Con esta realidad de cifras que trascienden las declaraciones del Gobierno y las buenas intenciones de quienes están tratando de que vengan los inversionistas al Ecuador, ¿quién desea venir?

De hecho, el Ecuador es el país de Latinoamérica con la más baja inversión extranjera directa con respecto del PIB de todo el continente. Menos del 1% del PIB en la época de las FaRC (familia revolución ciudadana) y no hemos mejorado notablemente. Más bajo que Haití: punto y aparte.

Si alguien viene, tiene entonces que tratar de obtener una rentabilidad altísima, que le compense el riesgo.

No hay manera entonces de que el Ecuador pueda salir adelante, sin que, además de hacer todo aquello que se debe hacer en las cifras macroeconómicas, se arregle el problema gravísimo de la seguridad jurídica, el cual, y esto lo pueden comprobar los lectores ingresando a los índices y viendo su evolución, fue deteriorándose notablemente en el gobierno de las FaRC.

Pregunto a los lectores. Si alguien está buscando hacer una inversión, ¿a quién le cree más?: a las promesas del gobierno de turno, o a las cifras de quienes vienen estudiando el país por años, y producen estos valiosos y creíbles índices de lo que es la realidad del país. Los gobiernos cambian, el país sigue, y la calificación es del país. Obviamente lo que los gobiernos hagan o dejen de hacer influye en el índice.

Pero cuando vemos el “riesgo país”, que es tan alto, y que nos afecta, juntemos esto a los índices de libertad económica, y entendamos de una vez por todas que debemos llegar a un acuerdo claro: promover una economía libre, en la cual la seguridad jurídica es vital, y mantener esta realidad por varias décadas, o no saldremos de la pobreza, y seguirá la gran frustración de la sociedad ecuatoriana.

Por supuesto, esto está muy lejos del discurso populista, del odio de clases y de las mentiras del SSXXI y de su representante en el Ecuador: la FaRC. (O)