Algunos datos sobre la crisis migratoria venezolana son tan impresionantes como paradójicos.

A pesar del masivo éxodo, que debe alcanzar pronto al 20 % de la población, y en contradicción a lo que sugiere la mayoría de los estudios sobre migraciones, el rechazo al Gobierno se mantiene en aumento.

El sentido común indicaría que quienes se van de Venezuela son principalmente adversarios al Gobierno, quienes no solo sufren la crisis humanitaria, sino también la represión política y falta de libertades. Por lo que un éxodo de millones, equivalente a una quinta parte de la población, debería reducir el tamaño de la población opositora al régimen y disminuir con ella la presión interna hasta reequilibrar las fuerzas.

Si tomamos los resultados de las elecciones parlamentarias del año 2015, el último proceso electoral con resultados confiables registró una ventaja de 2,1 millones de votos a favor de la oposición: 7,7 millones versus 5,6 millones. Si de los casi 6 millones de venezolanos que han emigrado del país, la mitad son mayores de edad, la oposición habría perdido el equivalente a la ventaja que obtuvo en 2015. Por supuesto, no todos los que se van son opositores. También se van quienes apoyan al Gobierno. Y quienes no apoyan ni a uno ni a otro. Lo que no cabe duda es que quienes huyen del país son mayoritariamente venezolanos que perdieron la esperanza de que las cosas puedan cambiar. Y ello debería constituir un alivio para el Gobierno.

No obstante, todas las encuestas afirman que el rechazo al Gobierno alcanza el 85 %. Este se concreta en el 58 % de apoyo a la oposición, frente al 15 % de apoyo al Gobierno, en unas eventuales elecciones. Mientras el restante 27 % se divide entre indecisos, independientes y abstencionistas.

Adicionalmente, el rechazo no es solo una actitud, sino que se transforma en un rechazo activo.

Así, según el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social (OVCS) las protestas sociales aumentaron durante el 2019 hasta marcar un nuevo récord: 16 739 para todo el periodo, lo que representa un aumento del 32 % respecto al 2018. Cierto, la mayoría de las protestas se origina en el creciente deterioro de los servicios públicos más elementales: agua potable, electricidad, transporte, gas, recolección de desechos, salud y seguridad ciudadana. Sin embargo, en un régimen que ha politizado todos los espacios de la vida en sociedad, la protesta social siempre es también una protesta política.

Otro aspecto que las migraciones tampoco han logrado contener es el consumo. Al contrario de lo esperado, las migraciones han incrementado ligeramente la demanda luego de encontrar su piso entre los años 2016-2017. El consumo se estabiliza de la mano de las remesas que quienes intentan rehacer sus vidas en otros lugares envían a los familiares que dejaron atrás. Coyuntura, además, que ha sido aprovechada por el Gobierno, al permitir la “espontánea dolarización de la economía”. No se trata de una recuperación, sino de una mínima contención, pero que en las precarias condiciones venezolanas no pasan desapercibidas.

Un último efecto paradójico de las migraciones es la reaparición del tráfico, especialmente en la capital. El tráfico en Caracas siempre fue extremo, pero con la profundización de la crisis, la escasez e incremento del costo de los repuestos y autopartes, el parque automotor se redujo significativamente, hasta desaparecer los atascos. Sin embargo, gracias a los envíos de familiares desde el exterior, poco a poco reaparecen las largas filas de autos en las autopistas, avivados también por el reordenamiento de la población como producto de las migraciones internas, que han reducido drásticamente el número de habitantes de las ciudades y regiones más afectadas por la crisis de los servicios públicos, quienes buscan mudarse a la capital donde los servicios como electricidad y agua se mantienen al menos por encima del promedio nacional.

En resumen, la gran paradoja migratoria es que la ausencia genera contra toda lógica, mayor migración interna. (O)