En una nota oficial del Ministerio de Agricultura se informa que su titular hizo entrega al presidente de la República de un documento resumido en seis ejes denominado “Políticas de Estado” para el sector 2020-2030, acogido con entusiasmo por el jefe del Ejecutivo. Se trata de un esfuerzo ministerial, con asesoría de expertos nacionales y extranjeros, ojalá previamente consensuado con sus protagonistas, los agricultores o sus gremios, plasmado en seis líneas de trabajo fundamentales para la actividad.

Es necesario discurrir sobre el real alcance del trillado y mal concebido término “políticas de Estado” que involucra planes y proyectos, con objetivos y metas cuantificables, susceptibles de ser alcanzadas sucesiva y paulatinamente, no solo por el gobierno que las propone, sino que perdurarían en el largo plazo, sin que las interrumpan los frecuentes cambios de funcionarios, a diferencia de las acciones coyunturales que se plasman, en el mejor de los casos, en el limitado período presidencial.

Los referidos ejes son una reiteración de lo expresado por otros responsables de la cartera de Agricultura en este y anteriores regímenes, como los que se extractan de la llamada “minga agropecuaria”, anunciada con un ostentoso presupuesto de 1300 millones de dólares (exministra Vanessa Cordero, 2017) que jamás se concretó. Similar apreciación es aplicable a lo formulado en dos voluminosos tomos titulados La política agropecuaria ecuatoriana: hacia el desarrollo territorial rural sostenible 2015-2025. Antes en el 2006, mediante Decreto N.º 1419 de 18 de mayo de 2006, se dio la misma categoría a la iniciativa del bien recordado ministro Pablo Rizo Pastor. Es más, a fines del siglo pasado, el 2 de junio de 1997, se declaró prioritario el desarrollo sostenido del sector agropecuario. Sin embargo, todo quedó en buenas intenciones, a excepción del censo agropecuario, único caso de cumplida “política de Estado”, siendo la desilusión común la falta de recursos para ejecutarlas, inobservando claras disposiciones legales que obligaban a otorgar a la agricultura un trato financiero preferencial.

Se duda que exista el tiempo necesario para la implementación de tan buenas e incuestionables ideas, además el país entrará dentro de poco a un período preelectoral que mantendrá distraído y preocupado al poder público en otros menesteres, mientras los recursos asignados al sector continúan reducidos, sin posibilidad que varíe ese comportamiento, como se advierte en el presupuesto cuatrienal en vigencia, que no contempla partidas adicionales para las recientes propuestas ministeriales, que quedarán vacías por carencia de financiamiento.

Frente a este escenario, las organizaciones de agricultores y ganaderos, deberían definir una posición concreta que proyecte al sector hacia el desarrollo y la corrección de los males que lo aquejan, para que los partidos y movimientos, que se aprestan a captar el poder, escojan candidatos a dirigir al país con auténtica conciencia agrícola, que haga del número uno elegido un protagonista del cambio, con suficiente respetabilidad y fortaleza que alcance la ansiada revalorización del agro y aplique políticas que conduzcan a su imprescindible rentabilidad, con lo cual se garantizaría el bienestar colectivo y el equilibrio social. (O)