Como si se tratase de un socavón que se manifiesta de manera inesperada y terrible, un cúmulo de hechos de corrupción nos enfrenta a los ecuatorianos ante la disyuntiva de aceptar (a) que hemos estado durmiendo inocentes y despreocupados sobre un caldero que empieza a bullir y derramarse, o (b) que percibíamos cómo se acumulaba aquello que molesta a la vista y el olfato, pero lo permitimos mientras mirábamos para otro lado.

Si para la percepción ciudadana no es novedad la corrupción, esta no debería ser un elemento de sorpresa para las entidades de control y sus autoridades.

Que se accidentara una avioneta en la que pretendían fugar personajes presuntamente involucrados en contratos con sobreprecios, en la adquisición de insumos médicos en hospitales públicos, ha ido exponiendo conexiones políticas y otros hechos que facilitan el funcionamiento del crimen organizado y el lavado de activos.

De esa investigación se desprenden otros hallazgos, como la creación de empresas de papel a nombre de testaferros para acceder a contratos que han sido previamente pactados; la intermediación de empresas públicas para subcontratar con empresas privadas de amigos y parientes de funcionarios públicos; el intercambio de apoyos y favores políticos; la existencia de otras redes de corrupción de menor cuantía, pero no de poca escala, como la compra de certificados de discapacidad otorgados en dispensarios de salud pública; pistas clandestinas de aterrizaje para avionetas, algunas utilizadas para el narcotráfico, como las tres descubiertas en operativos recientes en costas manabitas en los que se incautaron armas y drogas.

Se dirá que es mejor tarde que nunca y que lo importante es que no se detengan o diluyan sin procesar y sancionar a los culpables. Sin embargo, hay que insistir en que no se debe desaprovechar la coyuntura para exigir que se revisen los procedimientos y evitar así que el adormecimiento se vuelva a apoderar de quienes deben estar alertas y vigilantes de controlar el cumplimiento de la ley. (O)