Una de las piezas claves en la estrategia del régimen autoritario fue silenciar la libertad de expresión y estrangular a los medios de comunicación. Para lo cual usó la herramienta del denominado plebiscitarismo, ya que a las autocracias les encantan las consultas populares manejadas desde el poder para acrecentar su poder. Así lo hicieron Hugo Chávez, Rafael Correa, como antes Pinochet y otros dictadores.

En el mejor momento del caudillo ecuatoriano, convocó a un referéndum y consulta popular en mayo del 2011, logrando dos objetivos: el primero, meter sus manos en la justicia para ponerla a su servicio; y, el segundo, control y censura a los medios de comunicación, sentenciados a una lenta agonía al reformar el artículo 312 de la Constitución, con un contenido ajeno a los principios del constitucionalismo democrático.

El 2013 se expide la Ley Orgánica de Comunicación (Ley Mordaza), en la que se conceptúa a los medios de comunicación como prestadores de “servicio público de comunicación masiva”. Un absurdo monumental. Una inédita aberración sin antecedentes en la historia de la democracia. El servicio público, se supone parte del Estado, de titularidad pública, entendiéndose que debía ser vigilado y manejado desde el poder.

El resto de la historia de regulación punitiva, judicialización de los contenidos, penalización de las opiniones, intimidación, censura y castigo es la crónica de una persecución encaminada a coartar la libertad de expresión, la libre circulación de las ideas, los derechos de acceso a la información y los derechos de comunicación.

Al régimen que diseminó resentimiento social, intolerancia y rencor a la diversidad, al pluralismo y la tolerancia, le incomodaban las voces de la discrepancia y los medios de información no sometidos al poder.

La Ley Mordaza se reformó, pero por un error quedó intacto el artículo 5 con la definición de “servicio público”. El presidente Lenín Moreno en enero de 2019 envió un proyecto de reforma para eliminar semejante atrocidad. Veintidós meses después, está listo el informe para segundo debate en la Asamblea.

Es irrefutable que la comunicación y los medios son instrumentos que amplifican la libertad de expresión, la libre circulación de las ideas. El espacio en el que se difunde la información a la que acceden los ciudadanos. Es la herramienta que proporciona insumos para la formación de la opinión pública. Su credibilidad se legitima con la objetividad, veracidad y el reconocimiento de los ciudadanos, cuando reflejan la pluralidad y son portadores de los valores de la libertad y la democracia. Ahí coadyuvan al control del poder; puesto que no es el poder el que debe controlar a los medios de comunicación.

El desvío autoritario y la tiranía de una mayoría no alcanzó a comprender que los derechos de libertad y expresión, en palabras de Gustavo Zagrebelsky, “no pueden estar sometidos al voto” ni dependen de ninguna votación. No son derechos de libre disponibilidad del poder. Pertenecen a los valores de la democracia, conquistados y amparados en diversidad de instrumentos y declaraciones de reconocimiento universal. (O)