El 25 de mayo de 1997 asistíamos a las urnas a responder trece preguntas. Una de ellas, la ratificación del “mandato popular” de cesación del presidente Bucaram, la que logró el 76 % de los votos. Otra, aprobar el mecanismo de votación no por una lista cerrada y bloqueada, sino abiertas, “escogiendo nombres de cada lista o entre listas”, esta pregunta obtuvo la aprobación del 52 % de los electores. Se trataba de migrar del voto denominado absoluto, por una lista completa, cerrada y bloqueada, hacia una modalidad preferencial. Conviene entender que en materia electoral existen diversos tipos de voto: público, secreto, nominal, plural, múltiple, ordinal, preferencial, reforzado, corporativo, combinado, acumulado, por correo, por delegación, etcétera, y combinaciones que dependen del sistema electoral, de partidos y de la calidad de la democracia.

Entonces, como ahora, acá y en otros sitios, la política estaba desacreditada, al igual que los partidos y la representación. Se criticaba y condenaba el voto en “plancha”, alegando que el elector estaba forzado a votar no por quien quisiera, sino por la lista escogida y seleccionada por el jefe del partido.

Este sistema de votación aprobado en la consulta rigió a partir de las elecciones de 1998, puesto que, para la Asamblea Nacional Constituyente de 1997-1998, la aceptación del método fue mayoritario.

Pero a pesar del discurso y la labia contra el voto en plancha, todas las organizaciones políticas realizaron campañas por dicho voto diciendo: “Vota todo…”, “todito, dotititiiiiito”, demostrando las dobleces políticas. Pero también, temprano se descubrió la debilidad de este voto y el efecto nocivo de su fraccionamiento; con lo cual, el principio constitucional de la igualdad del voto se esfumó. Los ciudadanos que en efecto escogían, fraccionaban su voluntad debilitando el valor de su voto. En el caso de Pichincha y Guayas, lo fraccionaban en quince o más pedazos. Por su parte, el organismo electoral tenía dificultades en contabilizar las fracciones.

Además, dentro de las organizaciones, la campaña no era institucional, cada candidato invitaba a votar por él, en desmedro de la lista y hasta descalificando a los demás integrantes de esta. El sistema pronto se degradó, debilitando más a los partidos al incitar conflictos de competencia en su interior, y reforzando la personalización de la política.

Con la última reforma al Código de la Democracia, se retorna a lo que se había condenado hace veinte y tres años. Al igual que podría pasar con las famosas circunscripciones, cuyas bondades se ofertaban con pasión, hace poco más de una década. Queda claro que somos noveleros que optamos por la novedad, sin debatir los contenidos ni advertir sus derivaciones ulteriores.

La lista cerrada y bloqueada otorga un enorme poder a la dirigencia de los partidos, al líder y propietario exclusivo de la organización. De alguna manera fortalece las organizaciones políticas.

El 7 de febrero se votará entonces por toda la lista, sin escoger entre listas. Si el elector señala con una equis a candidatos de más de una lista, estaría anulando su propia voluntad. (O)