Soy psicólogo y excatedrático universitario jubilado, tengo 83 años, enfrento a una situación difícil. El 18 de febrero de 2010 en un hospital de Guayaquil, sin mi consentimiento fui utilizado en una clase práctica de cirugía urológica. Originalmente me llevaron al quirófano para una cistoscopía, me administraron anestesia raquídea sin avisarme, sentí adormecimiento de la cintura a los pies y en ese momento presencié cómo un gran número de estudiantes invadía el quirófano. Indignado llamé al director médico para reclamar. No aceptaron el reclamo y se ordenó que me pusieran anestesia general.

Aún bajo los efectos anestésicos pude observar y tocar coágulos que se extendían desde mis partes bajas hasta los pies. Yo era paciente ambulatorio y me colocaron en una pequeña habitación junto a otros enfermos, donde se me informó que habían perforado mi vejiga. Esto provocó hemorragia externa e interna, formándose un globo vesical doloroso. Solicité ser llevado nuevamente al quirófano, pero un médico me informó que solo podían realizar una talla vesical, a lo cual no me opuse. Fui sometido a nueva intervención quirúrgica con anestesia general, donde abrieron mi vientre. Después de 38 horas de dichas malas prácticas y ante mi sufrimiento y la desesperación de mis familiares fui trasladado a una clínica particular, donde doctores expertos en cirugía urológica me salvaron la vida. Según el informe de la intervención quirúrgica, se realizó una laparotomía exploratoria y se encontró una perforación de la cúpula vesical con presencia de orina en la cavidad peritoneal. La situación se remedió al colocar drenes por contrabertura.

Como consecuencias he sido sometido a tres cirugías de uretrotomía interna, fístula uretral, extracción de una prótesis y otra talla vesical, por medio de la cual tengo insertada una sonda que me provoca múltiples infecciones. Y he quedado sordo como daño colateral, por las infecciones de mis vías urinarias; he sido sometido a muchos cateterismos, y por más de 13 años utilizo más de tres o cuatro pañales a un costo de $ 1 cada pañal, que suman más de $ 20.000 al mes. Desde hace tres años dependo de una silla de ruedas para movilizarme. En el año 2022 fui diagnosticado con un segundo cáncer, esta vez en la ampolla de Váter, y hasta la fecha he completado 14 de las 18 quimioterapias programadas. Asimismo, por anemia severa he requerido de tres transfusiones de sangre. Como si esto fuera poco, no se me pagan aún 62 meses de mi jubilación complementaria como jubilado de la Universidad de Guayaquil. Han pasado más de 5.830 días desde que ocurrieron esas malas prácticas médicas en el hospital. Un juicio instauré a responsables de mis padecimientos y está resuelto a mi favor desde el 2021, pero fue enviado a Quito por casación y está ‘en análisis’ en un juzgado de Casación. Me siento impotente por tanta desidia y falta de atención a mi situación. (O)

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Vicente de Jesús Cruz Ordóñez, psicólogo y ex docente universitario jubilado; Guayaquil