Estamos ad portas de un nuevo intento de focalizar subsidios en el país. El tema estuvo vigente durante los primeros meses del año, y se retomó con fuerza desde mayo. La estrechez de liquidez y el déficit fiscal que enfrenta el Gobierno lo hacen ver en esa dirección. Consciente del costo político, decidió avanzar en ese camino minado: ¿es necesario? Por supuesto que sí. Los subsidios hace muchas décadas ya no cumplen con su propósito, que es atender y mejorar la calidad de vida de los grupos considerados vulnerables; por ejemplo, en el caso de los combustibles como la ecopaís y extra son usado en actividades ilícitas, como el narcotráfico, o salen por las fronteras, especialmente por contrabando, dado que en las economías vecinas se paga a precio internacional dicho producto. Como dato adicional, las provincias que reportan mayor crecimiento en el consumo de combustibles en los últimos años son las fronterizas (especialmente hacia Perú) y Galápagos, incluso más que Guayas y Pichincha, que tienen más habitantes y, por ende, más vehículos. Entonces, ¿a quién ha beneficiado está política asistencial? Obviamente, a la población en su conjunto, no.
Llama la atención que quienes defienden los subsidios a los combustibles sean los mismos que “defienden” a la naturaleza y llamaron a votar por el cierre del ITT. Surge la pregunta: ¿qué intereses tiene este grupo para mantener una posición bastante ambivalente? El Gobierno ha trazado las evidentes líneas económicas para llevar a cabo la focalización, mientras que las políticas (las que se muestran y las que aguardan) determinarán el éxito de este nuevo intento. (O)
Jorge Calderón Salazar, analista económico, Guayaquil
