Cuando se dio la invasión armada de Perú al territorio ecuatoriano en el año 1941, los países garantes: Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile, presionaron para que se firme en Río de Janeiro, Brasil, el nefasto Protocolo de Paz, Amistad y Límites, de 1942, con el agravante de que nuestro país permanecía invadido.

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Tiempo después, el 26 de octubre de 1998, en Brasilia, los mandatarios de ese entonces Jamil Mahuad, de Ecuador, y Alberto Fujimori, de Perú, también con el apoyo de los “países garantes”, firmaron “el definitivo” tratado de paz y límites, que nos despojó de una gran porción de nuestro territorio, ocasionando que ya no podamos navegar por el río Amazonas, descubierto por ecuatorianos y españoles.

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Ahora, la comunidad internacional se pone al lado de México, desconociendo lo que se determina en el artículo tres del Convenio de Asilo Diplomático, firmado en Caracas, Venezuela, que entró en vigencia el 29 de marzo de 1954, al concluir la décima Conferencia Interamericana, y que dice lo siguiente: “No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales, sin haber cumplido las penas respectivas, ni a los desertores de fuerzas de tierra, mar y aire, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político”. Y agrega: “Las personas comprendidas en el inciso anterior que de hecho penetraren en un lugar adecuado para servir de asilo deberán ser invitadas a retirarse o, según el caso, entregadas al gobierno local, que no podrá juzgarlas por delitos políticos anteriores al momento de la entrega”.

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Es decir, los países de mayores recursos económicos y amplio respaldo militar intentan nuevamente someter al Ecuador, ante supuestos convenios internacionales que en otras ocasiones, otros países no han cumplido y han invadido por la fuerza a naciones como Panamá, Cuba, la propia Nicaragua y otros países en el mundo, originando guerras violentas y fratricidas en esos pueblos.

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Consideramos que el respeto de los acuerdos internacionales debe cumplirse y no por la fuerza de las armas, conociendo además que un conflicto armado tiene un costo económico elevado y sostenido que Ecuador no lo tiene. En consecuencia, lo que pretenden es hacernos desaparecer como país, con el toque de su varita mágica, como que los que residimos en el país no valemos ni un penique.

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La decisión de apresar al enjuiciado militante correísta es un procedimiento establecido en la legislación penal ecuatoriana y nadie está por encima de la ley. Y ningún país, por más poderoso que parezca, puede imponer decisiones soberanas adoptadas por el Gobierno del joven pero valiente presidente ecuatoriano, elegido mayoritariamente en elecciones democráticas, sin ordenar el asesinato de ningún candidato presidencial como aseguró, en su país, y públicamente, el mandatario mexicano Manuel López Obrador.

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No soy ni de lejos empleado público en ningún sector, porque además soy un jubilado con dignidad, pero el apoyo del pueblo ecuatoriano debe hacerse presente en las calles, así como lo hacen otros pueblos regidos por dictadores que han segado vidas humanas inocentes, pero la patria, su soberanía y su dignidad deben prevalecer. (O)

Francisco Medina Manrique, periodista, Guayaquil