Cualquier lealtad debe estar sustentada por el razonamiento. Esto es lo que dicta la razón y la lógica. Esta es la regla de cualquier cerebro debidamente formado y educado. El tener lealtades que impiden el razonamiento propio se llama, técnicamente, esclavitud, subordinación total, es ceder a otro su calidad de persona.
Cuando nos jactamos de ser leales a toda prueba, como he escuchado a menudo a algunos políticos activos, cuando se refieren a su afinidad política, lo que están es aceptando que lo que hacen o dicen es dictado por alguien más, a quien consideran un ser superior, y se comportan como un “menor de edad” definido por Immanuel Kant: “minoría de edad es cuando alguien no puede hacer uso de su propio criterio, sin la tutoría de alguien más”, palabras más, palabras menos.
Las preguntas que surgen inmediatamente son: ¿pueden personas que declaran ser leales a toda prueba estar en posiciones de representación pública?; ¿pueden estas personas tomar decisiones sobre todo un conglomerado?
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Quienes escogen para representarlos a personas leales a toda prueba, manifiestan en este hecho carácter egocéntrico, vanidoso y lamentablemente someten a todo un pueblo a sufrir las consecuencias de tener que soportar decisiones tomadas por una sola persona (el objeto de las lealtades), y a vivir las consecuencias de esas decisiones. Si el hecho de escoger como sus representantes a “leales a toda prueba” es un error de por sí, imaginémonos las demás decisiones.
Esto lleva a atropellar leyes, mal concebidas o no, pero leyes al fin y al cabo. Por ejemplo, apresuradamente hacer reintegrarse a un consejero de Participación Ciudadana, cuando estaba en goce de un derecho “irrenunciable”. Otro ejemplo, fiscalizar un acto no concretado, como fue la nominación de una persona para presidir el Consejo de la Judicatura. Sin contar otros atropellos como la comparecencia de un prófugo con la intención de contaminar un proceso o la comparecencia de un reo para que exhiba chats que no pueden ser considerados por no tener una pericia de acuerdo a la ley. (O)
José Manuel Jalil Haas, ingeniero químico, Quito
