Con más personal en el servicio de inteligencia, el Gobierno de Ecuador evitaría los secuestros a los ciudadanos y las extorsiones a comerciantes, empresarios, por parte de los delincuentes.

Tras 30 mil robos, flagrantes, registrados en el último año, 6 de cada 10 sucedidos a la luz del día (P. Estupiñán, 2023), la Asamblea Nacional debería proponer la eliminación de la acusación particular en los delitos flagrantes, más cuando las evidencias están grabadas en las cámaras de seguridad que identifican rostros, con el objeto de evitar así que a las 24 horas de cometer un delito el delincuente quede libre. Debe tipificarse como tentativa inacabada de homicidio agravado al porte y amenaza con arma, para poder disparar en legítima defensa, como ocurrió con un guardia privado contra un criminal disfrazado de ‘despachador delivery’, cuyo casco debía retirarse al bajarse de su moto para ser identificado. Y ciertos intrépidos manejos de vehículos en las vías –posibles señales de tratarse de que conducen delincuentes– deben también sancionarse y a través del servicio de ayuda 911, y en convenio con miles de taxistas con cuyas frecuencias directas de radios pueden cooperar y ser los ‘ojos de la Policía’, indicando las rutas que siguen los sospechosos delincuentes o criminales, para que los policías puedan interceptarlos. (O)

Diego Fabián Valdivieso Anda, economista, Quito