Luego de ver la posesión de los nuevos jueces anticorrupción (en los que tengo esperanza y a los que deseo lo mejor en el desempeño de sus cargos), no puedo evitar pensar en que todo el esfuerzo y fondos invertidos en la creación del organismo y la selección de sus funcionarios puede irse por el caño, cuando cualquier juez de algún pueblo refundido del Ecuador, fungiendo de juez constitucional, eche a bajo todo el esfuerzo del orgánico judicial en procesar y condenar a infractores de delitos relacionados con corrupción. Y es que en este país vivimos junto a reos sentenciados que cumplen sus condenas en libertad, a diferencia de lo que sucede en el mundo civilizado.
La Administración de Justicia tocó fondo, prevalida en la ausencia de condenas, en una mal aplicada inmunidad y en la inoperancia por ley del órgano sancionador cuyas resoluciones son invariablemente revertidas con cargo al erario nacional.
Hay que recordar que la peligrosidad del delincuente no se mide por el bien jurídico que lesiona, sino por la vulnerabilidad que provoca en su protección y en la de la sociedad. El asesino en serie es tan peligroso en delitos contra la vida como el estafador en los delitos contra la propiedad, y el violador en delitos sexuales. De igual manera, el juez que quebranta la ley es igual de peligroso para la correcta administración de justicia si libera delincuentes condenados para que cumplan las sanciones que sirven de ejemplo para la ciudadanía, y que dizque evitan la reincidencia en la comodidad de su hogar.
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La solución es que la Corte Constitucional deje de lado el activismo y la ingenuidad, que restablezca procedimientos y aplicación de sanciones y que la Asamblea Nacional (que va por el mismo camino o peor) haga una reforma legal que por lo menos triplique la pena por delitos como el prevaricato.
Dicho esto, solo nos queda persignarnos por mejores días para la justicia, si es que eso es posible. (O)
Carlos Gustavo Cortaza Vinueza, abogado, Guayaquil
