La introducción de la Ley de Elecciones en 1945 fue una estrategia para recuperar una etapa perdida para la democracia. Posteriormente, la transición de la Ley de Elecciones a la Ley Orgánica de Organizaciones Políticas en 2012 pareció sugerir un enfoque más amplio y exhaustivo hacia la regulación del sistema político, abarcando más que solo la gestión de los procesos electorales. Este cambio debía implicar una mayor atención a aspectos relacionados con la estructura, el funcionamiento, el financiamiento y las normativas que regulan a los partidos y movimientos políticos. Además, se esperaba que la ley no se centrara únicamente en las elecciones como eventos aislados, sino que también abordara la vida interna de las organizaciones políticas, su funcionamiento democrático, sus derechos y obligaciones, así como su papel en la consolidación de la democracia. El objetivo era fortalecer el sistema político en su conjunto y asegurar que las organizaciones políticas operaran de manera transparente, justa y en consonancia con los principios democráticos.
La biometría en los procesos electorales
Sin embargo, la creación del Consejo Nacional Electoral (CNE) en 2008, más allá de representar un cambio de ley, constituyó un cambio institucional significativo. Aunque el CNE fue diseñado para organizar y supervisar las elecciones en el país, así como para supervisar los derechos políticos de los ciudadanos, como la participación en elecciones, referéndums y otros mecanismos de democracia directa, los resultados no han sido necesariamente los esperados en términos de avance democrático.
Adicionalmente, el CNE alberga dentro de su estructura al Tribunal Contencioso Electoral, cuya función es resolver disputas y conflictos relacionados con los procesos electorales y el ejercicio de los derechos políticos, e imponer sanciones en caso de infracciones a las normas electorales. Este marco legal e institucional debería haber garantizado elecciones justas y la defensa de los derechos políticos de los ciudadanos.
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Política ecuatoriana y los candidatos
Si bien en teoría las leyes y las instituciones se han actualizado y fortalecido, cabe preguntarse cuánto ha avanzado realmente la democracia en Ecuador de manera objetiva. A pesar de estos cambios, no se ha observado un progreso significativo en la calidad democrática del país.
Esto sugiere que el problema radica más en la implementación de estas leyes y en la aplicación práctica de los principios democráticos que en las disposiciones legales e institucionales propiamente dichas. No significa que no haya necesidad de realizar modificaciones al Código de la Democracia, pero lo que resulta más urgente es introducir cambios en el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) para mejorar el proceso democrático en Ecuador. (O)
Raúl Ernesto Santamaría Salazar, magíster en Telecomunicaciones y abogado, Guayaquil
