Con relación al tema de la rectora destituida por un incidente con un estudiante en la ciudad de Guayaquil, noticia que se viralizó en las redes sociales, al respecto doy a conocer mi criterio con la autoridad de haber pertenecido 40 años a las filas del magisterio fiscal.
Primero, es verdad que la rectora perdió los estribos al darle tratamiento al estudiante y se rebajó a la altura de él. Segundo, es verdad que el estudiante faltó de palabra a la autoridad del plantel al estar (como se dice coloquialmente) “pico a pico” con la rectora. Tercero, es cierto que el maestro en el acto permaneció en silencio y sin hacer nada debido al temor de ser destituido del cargo. Cuarto, es verdad que la Junta de
Resolución de Conflictos del Distrito (JRC) del Ministerio de Educación actuó apresuradamente al tomar una decisión y dar la razón al estudiante. Quinto, la sanción impuesta a la rectora de ser separada de su cargo es aberrante y antijurídica, y no se fundamenta en los hechos, peor en la justicia.
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Causa asombro ver que la JRC del Ministerio de Educación falló en favor del estudiante, que no tuvo ningún reparo con la primera autoridad del plantel. Así está la juventud de poderosa; entonces, ¿de qué nos quejamos autoridades, los padres de familia, la sociedad en general?
Con esto se puede decir a ciencia cierta que la sociedad está en decadencia. Ahora no solo es la Corte de Justicia, sino el mismo Ministerio de Educación; entonces, ¿de qué nos quejamos si los menores participan en actos ilícitos en diferentes lugares del país?
Esto es de mal augurio para nuestra sociedad. La decisión tomada en este caso debe reverse de inmediato.
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Recordemos la ley de Dios, de honrar a padre y madre, de respetar y de dar buen trato a nuestros semejantes, para no caer en las garras de la ley de la selva. (O)
Francisco Marcos Anastacio Valarezo, profesor, Progreso
