Los servidores públicos de carrera, que la Contraloría evalúa siempre bajo indicadores de gestión, que conocen los procesos de contratación pública para programas: de discapacitados, jóvenes en condición de calle, de educación y salud, parques y vivienda, saben que con valientes excepciones, cuando llega un nuevo gerente, director, coordinador, asesor, estos programas a largo plazo se verán a su capricho alterados y que empezarán a presionar con su autoridad formal por favores para el grupo que está detrás, o que viene con ellos. Ahora sabemos que la corrupción está también enquistada en autoridades judiciales. Siguiendo el principio de “Pareto”, que establece que aproximadamente el 80 % de los efectos proviene del 20 % de las causas, insistamos sobre ese 20 %, reformando la Ley Orgánica de Servicio Público y de Empresas Públicas, para erradicar la libre remoción, y con ello un 80 % de la corrupción en Ecuador. Las evidencias están a la vista. (O)

Diego Fabián Valdivieso Anda, economista, Quito