La explotación minera se desarrolla mayoritariamente en los “territorios” que reclaman como “suyos” algunas organizaciones campesinas; sin embargo, sus dirigentes y las denominadas bases no se percatan o no les conviene denunciar con evidencias la circulación de enormes vehículos y maquinarias, las explosiones, la existencia de múltiples negocios en las zonas y, lo que es peor, la contaminación del agua que consumen sus habitantes y afecta a animales y cultivos. Estas actividades irregulares explotan a las personas, no contribuyen a la seguridad social, tampoco pagan impuestos ni asumen responsabilidades por malos manejos ambientales, y quienes se enriquecen ilícitamente buscarán lavar el dinero y realizarán todo tipo de acciones reñidas con la ley.

Las posturas y decisiones sobre minería

Para armonizar los intereses de los sectores involucrados, la Asamblea Nacional debe tratar de mejorar en algo su pésima productividad y credibilidad mediante la emisión de normativas que promuevan la explotación minera y de otros recursos cumpliendo los más rigurosos estándares de cuidado ambiental, principalmente los recursos hídricos, con base en consultas transparentes. No es razonable que se exija, con todo derecho, trabajo, educación, salud, seguridad, conectividad y hasta subsidios absurdos, sin considerar que estos requerimientos deben ser financiados adecuadamente. Es necesario destacar que en el control de la minería ilegal deben actuar coordinadamente los consejos provinciales, las municipalidades, las juntas parroquiales y otras organizaciones gubernamentales que tampoco se percatan de su presencia, pero exigen y consumen recursos del presupuesto nacional sin cumplir con estas obligaciones. Adicionalmente, el Gobierno debe utilizar tecnología para realizar un control más efectivo de la explotación minera para que se cumplan las normas establecidas, de preferencia en tiempo real.

Leyes para regular las consultas previa y ambiental en las comunidades, la persistente deuda de la Asamblea Nacional

Sin duda, varios sectores se benefician de la falta de control y de la permisividad de la explotación minera. Es hora de investigar con objetividad las fuentes de financiamiento de los patrimonios de los dirigentes sociales y de las violentas manifestaciones de los últimos años. (O)

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Mario Gustavo Andrade Trujillo, Quito