El Ciadi, ese Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, dependencia del Banco Mundial con sede en Washington, juzga disputas surgidas de contratos de negocios entre Estados receptores y compañías inversoras extranjeras, léase petroleras, llevando a arbitraje internacional.

Faculta a cada Estado miembro designar personal para el rol de árbitros y conciliadores, expresando que los nacionales de un Estado no deben participar en arbitraje en contra de un Estado contratante. Esta dependencia es una puerta abierta al capital extranjero, siempre dirigido a los sectores extractivos de la economía: minería, petróleo, sin riesgo en contrato rentable; menos a industria. Por ahorro interno, la inversión extranjera directa es complementaria a la nacional de respeto a un marco jurídico; por estos contratos sin iniciativa ni políticas al plan nacional de desarrollo el país se somete a arbitraje internacional y muchas compañías suman la prosperidad de sus economías pero destruyen la naturaleza, el hábitat, contaminan suelos, aire, hacen derrames en los cursos de aguas abajo. En el año 2000 el Congreso nacional aprobó el ingreso al Ciadi, luego el presidente entrante ratificó el convenio y comprometió el honor nacional a ese cumplimiento. La política intenta hacer fraude o bypass a la Constitución, pues luego de 10 años que dejamos de ser Estado miembro, volvemos a dicho Centro Internacional. El acuerdo, en términos jurídicos firmado, opino que viola todo un orden constitucional porque cede jurisdicción y soberanía a instancia de arbitraje internacional. La Constitución es la norma suprema que prevalece sobre cualquiera otra de orden jurídico y el acuerdo debe conocerlo la Asamblea Nacional, entendiendo el perjuicio pagado en millones de dólares que nos afecta por la pasarela de laudos y malos árbitros. Al revisar fallos en contra del país, de petroleras, van la Occidental, Repsol, Odebrecht brasileña, Chevron la mano sucia en más de 1.000 piscinas contaminantes en la Amazonía, y Perenco que en sentencia del 2021 dicta condenar al pago de $ 420′000.000 en un hecho antijurídico para Ecuador. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Necesitamos generar más Estado. (O)

Rafael Antonio Sampedro Coba, arquitecto, Guayaquil