A los señores presidente de la República, jueces de la Corte Constitucional, miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, todas las autoridades competentes, deseo exponer ante ustedes mi pesar como jubilada de la Universidad de Guayaquil, al no recibir el pago de mi jubilación complementaria. Sin existir fundamento jurídico, la decisión la tomó el rectorado de dicho centro estatal de estudios superiores al cual pertenecí por 30 años.
Los valores que no estoy recibiendo, por ley me corresponden según la sentencia de la Corte Constitucional ejecutoriada en los años 2020 y parte del 20121; en la actualidad estoy un año y nueve meses impaga. Apelo a sus sensibilidades, tomen alguna acción legal al leer mis palabras ya que ustedes también han de tener padres. Soy una persona vulnerable, de la tercera edad, contribuí y aporté al país con trabajo, dejando mi juventud en una institución pública. Me siento cansada e indefensa al atravesar por esta injusticia.
La pensión jubilar que recibo del IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) es baja y no me alcanza para cubrir los gastos de medicina por mis múltiples dolencias, alimentación especial, atención médica con especialistas, ya que padezco de enfermedades consideradas catastróficas y necesito que se me reintegre ese valor mensual que percibía como jubilación complementaria, y me ayudaba a cubrir mis necesidades para tener una vida digna.
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Solicito que dispongan a la Universidad de Guayaquil pagar de inmediato mi pensión jubilar complementaria, así como la de todos mis compañeros jubilados que somos más de 1.500 personas a las que nos suspendieron los pagos. (O)
Ana María Graciela García López, jubilada, Guayaquil
