odo empezó con un aporte de las FARC para la elección de presidente en el 2008, luego la salida de la base de Manta, el ataque de Angostura, la apertura de fronteras, así el país le abrió la puerta al narcotráfico y al crimen organizado. Hoy en día, la captura de toneladas de droga en el gobierno del presidente Lasso irritó a los que ven afectado su ‘negocio’ y armaron a sus organizaciones locales con armamento militar, las instruyeron para que siembren caos con asesinatos, secuestros, extorsión y todo tipo de delitos.
La situación en la que se ve abocado el Gobierno no está tipificada en la Constitución, en las leyes ni en los manuales de procedimiento. El declarar terroristas a estos grupos no es suficiente. Esto es una guerra declarada al Estado que amenaza no solo a la paz ciudadana, sino la permanencia del Ecuador como Estado. La seguridad de los ecuatorianos está sobre la Constitución, la Asamblea y las leyes; y si se va a designar a estos grupos como terroristas, no deben quedar bajo la justicia ordinaria; deben quedar bajo la justicia militar de las FF. AA., de otra manera será un saludo a la bandera y no servirá para nada como los estados de excepción que no han disminuido los asesinatos, secuestros ni las extorsiones. (O)
Juan Orús Guerra, arquitecto, Guayaquil
