Las zonas francas, reconocidas por su capacidad para atraer inversión, generar empleo, promover exportaciones y transferir tecnología, se erigen como un modelo exitoso implementado en diversas naciones alrededor del mundo. En Latinoamérica, países como Costa Rica, Uruguay, Colombia y República Dominicana han evidenciado logros significativos en la aplicación de este instrumento.
Ante la comprobada efectividad de las zonas francas, donde las exenciones fiscales se compensan ampliamente con beneficios obtenidos, el Gobierno ha reintroducido el régimen mediante la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, aprobada en diciembre de 2023. El propósito es contar con esta herramienta para impulsar el desarrollo.
La primera Ley de Zonas Francas se promulgó en 1991, manteniéndose vigente hasta el 2010, cuando fue reemplazada por las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (Zedes), las zonas francas no prosperaron por los obstáculos burocráticos. Las Zedes resultaron menos exitosas debido a su régimen legal poco atractivo, enredado y que limitaba la iniciativa privada.
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¿Por qué la Corte Constitucional rechazó la ley sobre las zonas francas?
El nuevo régimen de zonas francas, basado en la ley de 1991, incluye la exoneración del impuesto a la renta por cinco años, seguido de una tarifa fija del 15 %, también exenciones del IVA, ISD y aranceles, procurando reactivar el interés de los inversionistas. Los accionistas también están exonerados del IR por las utilidades.
La ley permite una amplia variedad de actividades, producción industrial, servicios, comercio y logística, prohibiendo aquellas que impacten negativamente al medioambiente. Las concesiones son otorgadas por 30 años prorrogables.
La supervisión del sistema corresponde al Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones (Cepai) y el Ministerio de la Producción. El régimen demanda una institución especializada que responda ágilmente a los requerimientos del sistema; por ejemplo, la calificación, según la ley, aparece engorrosa.
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La complejidad aduanera, históricamente un desafío para las zonas francas, se enfrenta con medidas destinadas a agilizar el ingreso y salida de mercancías. El éxito dependerá de la eficacia de los sistemas informáticos interconectados entre Aduana y zona franca. La ley establece que operador y usuario son responsables solidarios ante la aduana y deben rendir garantía. Se permite a los usuarios vender hasta el 20 % de sus productos al territorio nacional, cumpliendo con las obligaciones aduaneras.
Las zonas francas evolucionan al compás de la industria y actualmente se encaminan hacia la industria 4.0 (fabricación inteligente). Para alcanzar este objetivo, se requiere mano de obra calificada y una infraestructura tecnológica moderna, recursos ofrecidos por otros países que lideran en este aspecto; nuestro país también puede ofrecerlos.
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Proyectos específicos, como el procesamiento en zonas francas de productos agrícolas como cacao, banano, arándanos y pitahaya, en colaboración con marcas internacionales, se pueden destacar como ejemplos concretos de posibles alianzas beneficiosas para el productor local.
Adicionalmente, el turismo y los servicios de salud podrían beneficiarse del régimen de zonas francas, como ha ocurrido en otros países latinoamericanos, aunque el desarrollo en estos sectores dependerá de la seguridad del país. En Colombia, por ejemplo, se ofrecen servicios médicos a pacientes internacionales con un alto nivel profesional y técnico a un costo conveniente.
En resumen, el nuevo régimen de zonas francas representa una oportunidad para incorporar esta herramienta de desarrollo. El éxito del sistema dependerá de la implementación eficaz de las medidas propuestas y del compromiso de las instituciones encargadas de su desarrollo y supervisión. (O)
Marcos Sebastián Guayasamín Villacís, doctor en jurisprudencia y abogado, Quito
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