Crecer al 6 por ciento durante los próximos 10 años. Esa es la consigna. Todos los sectores de la sociedad ecuatoriana, trabajadores y empresarios, burocracia y jueces, académicos y profesionales, banqueros e industrialistas, gobierno y oposición, dirigentes políticos y agricultores, todos, Costa y Sierra, Oriente y Galápagos, alcaldes y prefectos, al margen de nuestras discrepancias políticas, ideologías o creencias, todos debemos adherirnos a un gran acuerdo nacional que haga posible mantener por una década a la economía ecuatoriana creciendo a esa tasa del 6 por ciento. Durante esa década el país debe afianzar su democracia, robustecer las instituciones, modernizar la educación y la justicia, derrotar al crimen organizado y reformar el marco constitucional.
Por los próximos cuatro años, al menos, los poderes Ejecutivo y Legislativo deben iniciar una transformación legislativa de largo alcance. El Ecuador, como todos los Estados democráticos modernos, se gobierna fundamentalmente a través de leyes. La herencia que nos dejó el correísmo en términos legislativos es nefasta. Leyes contradictorias, ambiguas, incompletas, alambicadas, leyes que simplemente buscaban asfixiar a la iniciativa privada, controlar a la sociedad civil, reprimir a la disidencia, decirnos cómo debemos vivir e inflar al Estado; y que sumadas a otras leyes de vieja data que aún nos rigen, y que no están acordes con las necesidades de hoy, todo ello nos ha llevado a un estancamiento intolerable.
La mencionada transformación legislativa debería tener un solo objetivo y meta: asegurar el desarrollo económico sostenible del Ecuador a una tasa del 6 por ciento anual. Ello será muy difícil de lograrlo dentro del marco normativo actual. Habrá temas que requieran de reformas y enmiendas constitucionales. Pero hay muchísimos otros que lo único que requieren es de voluntad política y de conocimiento jurídico. El Gobierno ha iniciado su mandato proponiendo una ley que aborda el grave problema del crimen organizado. Habrá un debate público al respecto. No podemos olvidar, sin embargo, que lo que el Ecuador enfrenta hoy no es una delincuencia causada por la pobreza. Lo que enfrentamos son organizaciones transnacionales que mueven millones de dólares en base al narcotráfico, la extorsión, el secuestro, la minería ilegal y la corrupción. A esos tentáculos no se los derrota con mecanismos tradicionales. La reinserción en la sociedad de estas mafias es una ilusión. Ya han demostrado que tienen hasta poder político. El financiamiento del narcotráfico en contra de la consulta popular de Lasso, y, tal como se ha confirmado en estos días, la conspiración delincuencial que lo llevó a disolver la Asamblea, son pruebas contundentes de la fuerza que tienen estas mafias. Es un poder que, si no se lo neutraliza ahora, mañana será muy tarde.
Los ecuatorianos perdimos una gran oportunidad, quizás la más grande de nuestra historia, cuando durante la década del correísmo el país tuvo ingresos que bordearon los 300.000 millones de dólares gracias a la bonanza de los altísimos precios del petróleo. Pero un modelo económico fracasado y una corrupción galopante nos dejó arruinados.
Sin tener hoy semejante flujo de recursos, el Ecuador tiene otra oportunidad. Hagamos un esfuerzo para no perderla. (O)
