Si todo ha ido como esperaban los impulsores del acuerdo legislativo, en este momento ya deben estar en funciones las autoridades de la Asamblea y posiblemente distribuidas las comisiones legislativas. Esto sería así en caso de que se hubiera concretado el pacto que se venía anunciando y que consistía en el voto conjunto de las bancadas de Noboa, Correa y Nebot (así de personalista es la política ecuatoriana huérfana de partidos). No hubo la más mínima señal de la agenda que sustenta al pacto. Ninguno de los integrantes aludió a los objetivos que persiguen y a los compromisos que deben haber establecido. Para alcanzar cualquier arreglo entre dos o más personas y, mucho más entre grupos políticos tan dispares, deben estar claras las metas y las responsabilidades. El silencio al respecto no se puede atribuir solamente al estilo hermético que ha mostrado el presidente electo. Más fácil es pensar en que debe haber algo inconfesable, algo que iría en contra de lo que esperaba esa mayoría que le dio el voto en la segunda vuelta.
Que se agudice o se alivie esa debilidad dependerá del acuerdo legislativo que se haya materializado.
Probablemente estamos asistiendo a la repetición de una alianza que concluye en el momento de la elección de las autoridades legislativas, como ocurrió hace dos años. Recordemos que aquel pacto sirvió exclusivamente para esa elección y jamás se tradujo en una fuerza para el impulso de políticas consensuadas, mucho menos en un programa de gobierno conjunto. En esa ocasión, por lo menos hubo la justificación de la ruptura de la alianza previa, aquella que giraba únicamente en torno a la impunidad de los corruptos. Por el contrario, ahora ha habido el tiempo suficiente para desentrañar los objetivos que se esconden detrás de las tardías, contradictorias y falsas declaraciones de buenas intenciones de quienes jamás acataron las reglas del juego democrático. Si no fue suficiente la experiencia previa, el presidente entrante debió poner atención a la infinidad de señales que anunciaban la gravedad de las consecuencias que se derivarán de un pacto de esta naturaleza. Debió considerar, además, que la contienda electoral para 2025 ya inició y que, desde antes de posesionarse y por propia declaración, él ya es candidato, es decir, es un actor político al que mañana atacarán los que ahora lo apoyan.
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Ciertamente, en el momento de escribir este artículo aún queda la posibilidad de que la conformación de la directiva de la Asamblea y sus comisiones se haya logrado por un acuerdo diferente al que estaba prácticamente estructurado. Sin duda, sería un alivio, aunque quedaría todavía la incógnita acerca de los objetivos y los compromisos de cada uno de los firmantes. Se puede asegurar que no se tratará de un pacto integral que abarque al Ejecutivo y al Legislativo, con la corresponsabilidad de cada uno de sus integrantes en la gestión gubernamental. Conociendo las prácticas políticas ecuatorianas, sería iluso esperar que así fuera, pero al menos se podría aspirar a que se hubiera dejado de lado el intercambio de la estabilidad por la impunidad.
Por las características propias del presidente electo y del equipo que va conformando a retazos y con dificultad, así como por las condiciones económicas y de inseguridad del país, el próximo gobierno será mucho más débil que el actual. Que se agudice o se alivie esa debilidad dependerá del acuerdo legislativo que se haya materializado. (O)
