Candidatos de todas las tendencias desfilan por medios de comunicación, recorren barrios y participan en debates. Al calor de las preguntas y respuestas, en sus discursos políticos las soluciones a los problemas parecen tan simples como dar un clic al teléfono. Sin embargo, como afirma Friedrich Nietzsche en El crepúsculo de los ídolos, decir que “toda verdad es sencilla, ¿no es acaso una doble mentira?”.

En el afán de conseguir votos, el tema de transporte y control de velocidad ocupa parte del debate de las candidaturas a la Alcaldía de Ambato y es un asunto de preocupación de la ciudadanía. En diversas partes de la urbe están controles de velocidad o fotorradares. Afirmar que la solución pasa por eliminar los fotorradares es sencillo, pero pensar en sus consecuencias es complejo y serio.

Mientras en Ecuador es un tema relativamente nuevo, otros países han experimentado las consecuencias de tener y de desmantelar los sistemas de control de velocidad de automotores. Por ejemplo, en Chile, el control de velocidad de los automotores se implementó durante los años noventa y a inicios del nuevo milenio fue sujeto de cuestionamientos.

Es hora de que los políticos se asesoren científica y técnicamente para administrar las instituciones públicas.

Para tomar una decisión política que involucra la vida y el bolsillo de la ciudadanía se requieren estudios profundos. Así en el año 2006, tres investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Chile (Paredes, Rizzi y Valenzuela), en su informe titulado ¿Cazabobos o salvavidas? La economía política de los fotorradares en Chile, publicado en la Revista de Estudios de Economía, compararon el número de personas fallecidas antes y luego de la implementación de los sistemas de control de velocidad; sus resultados muestran que en el periodo de funcionamiento, las muertes en las vías disminuyeron significativamente.

Pero qué es lo que molesta a la ciudadanía. Por un lado, la percepción de injusticia respecto a las multas, pues se considera que debe haber un rango de tolerancia (mayor) para quienes por descuido superan la velocidad permitida. Por otro lado, generan incomodidad los montos de la multa y no conocer qué uso tienen los dineros de las infracciones.

Las ciudades requieren soluciones equilibradas. De ahí que pedir que la empresa privada que administra los fotorradares transparente sus ganancias e implemente acciones de responsabilidad social puede ser viable y despertar la empatía de la gente; por otro lado, las ciudades demandan políticos menos simples y más responsables con lo que afirman.

Por lo que aprovechar el clima electoral para proponer el fin del control de velocidad resulta ser una muestra de simpleza e irresponsabilidad con la vida de la gente y las ciudades. La vida de las personas tiene más valor que las multas de tránsito, y las entidades que generan política pública deben investigar, diagnosticar y planificar seriamente antes de decidir.

Es hora de que los políticos se asesoren científica y técnicamente para administrar las instituciones públicas. (O)