En 2001 Ecuador pactó con la OCP para que construya el oleoducto. Ellos cobrarían una tasa, por cada barril transportado, hasta enero de 2024. Con ese dinero se pagaba la inversión, utilidad y los costos del mantenimiento. Como ya el oleoducto quedará pagado, no habrá necesidad de cobrar, ni de lejos, la misma tarifa. El próximo contrato de concesión debe ser para generar algo nuevo.
El plazo de toda concesión cierra las cuentas entre lo que la empresa pone y lo que saca. Mientras dura, el concesionario asume la responsabilidad de cubrir la inversión necesaria, administrar y mantener el bien y/o servicio con plena calidad, hasta el último día de la concesión. Si es vial (o aeroportuaria), el concesionario, al final del período, debe costear mantenimientos mucho más profundos que los regulares, para cumplir con las cláusulas que lo obligan a devolver las carreteras (o pistas aeroportuarias) en el mismo perfecto estado que deben tener durante la concesión. Ampliar -sin más- la concesión, le permite al concesionario eludir este importante costo.
El final de la concesión es crucial, pues el concesionario deprecia -solo contablemente- toda su inversión a lo largo de la concesión y luego entrega los bienes en perfecto estado. Al final, cuando el valor en libros de su inversión es cero, se prende el letrero: game over.
En el concedente sucede lo contrario: al final de la concesión aparece en libros el bien concesionado ya revalorizado, porque, según las cláusulas de concesión, se mantuvo en perfecto estado. Por esto, cuando se difiere el final, se produce un impacto muy negativo para la institución pública; equivalente, ni más ni menos, a perder repentinamente el 100 % de esa revalorizada inversión, la cual se queda en los libros (y bolsillos) del concesionario.
En 2020 vencían dos concesiones viales en Guayas y la Prefectura de esta provincia hubiera podido recibirlas de vuelta y nutrirse del 100 % del peaje; en vez de eso, seguirán en manos del concesionario hasta el 2026. En 2019, el Municipio de Guayaquil iba a recibir todos los locales comerciales que se le permitió construir al concesionario alrededor del aeropuerto; en vez de eso, seguirán en manos del concesionario hasta el 2031. La concesión portuaria vencía en 2027, pero en 2019 se prolongó hasta 2046.
Eludir el game over y alargar el usufructo de la concesión por encima del plazo que ya permitió resarcir al concesionario de su inversión y justa ganancia, es un perjuicio social. Encima, muchas ampliaciones se calculan sobre el principio de asegurar grandes utilidades sobre inversiones dizque adicionales, cuando las concesiones tienen cláusulas que ya le exigen al concesionario hacer no determinadas, sino todas las inversiones necesarias para el buen funcionamiento de la concesión.
Al final de cada concesión hay una ocasión de oro para ir a otro nivel: hacer un relanzamiento creativo y productivo, ajustar términos, añadir condiciones y así mantener la auténtica ventaja y legitimidad de las concesiones. (O)
