El día siguiente a las elecciones presidenciales, el ministro de gobierno dijo: “Entramos en una fase de reconciliación nacional para seguir gobernando”. No obstante, 24 horas después el presidente declaró que el bien había vencido al mal. Veamos qué bien “ha vencido”.

¿Será el “bien” de la militarización del país, que, aprovechando el miedo de la población y al que alimentó, aprovechó el régimen para obtener una abrumadora votación en la consulta popular de abril de 2024, a fin de que las FF.AA. cooperen con la Policía Nacional en el combate al crimen organizado que asuela la nación? La reforma constitucional estableció unos parámetros para el efecto. Sin embargo, el ejecutivo de modo recurrente ha dispuesto la intervención militar, habiendo sido reiteradamente observado por la Corte Constitucional por no justificar el conflicto armado interno alegado y, peor aún, los uniformados no han respetado dichas limitaciones constitucionales, provocando hasta ahora 27 desapariciones forzadas de ciudadanos empobrecidos, algunos menores de edad, detenidos arbitrariamente en simples operativos de control en carreteras, violación de domicilios y robos en su interior, relatando los sobrevivientes haber sido desnudados. El Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) ha reportado que en 18 casos ya se pronunció el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU y que éste ha ubicado a Ecuador como uno de los tres países que mayor número de denuncias ha recibido el 2024 y el 2025. El CDH considera que las desapariciones forzadas son una política de Estado, lo que es muy grave, porque constituiría un delito de lesa humanidad por existir un ataque sistemático contra la población civil, que se corrobora con el escandaloso ofrecimiento de indulto del presidente a los policías y militares que actúen “en cumplimiento de su deber” y violen derechos humanos, lo que ha sucedido en los casos de “daños colaterales” de supuesto combate a las mafias delincuenciales. Human Rights Watch por su parte, declaró que el gobierno no sólo que no ha sido efectivo en contrarrestar el crimen organizado, sino que ha violado los derechos humanos, que la Fiscalía recibió denuncias en 2024 de 15 ejecuciones extrajudiciales, 80 casos de torturas, más de 200 de extralimitaciones en el uso de la fuerza. Añadió que las organizaciones civiles y de periodistas reportaron haber sido estigmatizadas y hostigadas. Ninguno de los dos candidatos en la segunda vuelta electoral aludió a todos esos graves hechos, reforzando más bien la tesis del combate sin límites a la delincuencia, sin importar los inocentes. Y no hay respuestas del régimen ni de las FF.AA.

¿Para qué el régimen de terror? Implantar las recetas neoliberales de apropiación de la riqueza nacional en favor de una oligarquía a la que pertenece el mandatario y de grandes compañías extranjeras. Tal es el caso del campo petrolero Sacha, el más rentable del país, adjudicado a una de esas corporaciones, mediante un proceso no cerrado o en el que pretenderá sustituir con otra poderosa, porque el Estado sólo sirve para enriquecerlos. Ahora persiguen judicialmente a los críticos de la concesión. The Economist informó que el 2023 y el 2024 fueron los años de mayor deterioro de la democracia en Ecuador, lo constatamos a pesar de los negacionismos.

Mas, para ello había que ganar las elecciones, a como dé lugar. El terreno se empezó a preparar deshaciéndose de la vicepresidenta de la república, porque ella tenía su agenda propia y nada mejor que mandarla lejos, a Israel, para que resuelva un conflicto de 75 años. Empezaron diciendo que ella había pedido dinero indebidamente a empresarios, pero no se detuvieron en detalles para probarlo. Luego, olvidando que el presidente no la eligió sino la ciudadanía, quisieron removerla mediante un espurio sumario administrativo y como ella demandó a la ministra de trabajo por ello, aduciendo seguramente “razones de Estado” pretendieron influir en la jueza que conoció su reclamo, nada menos que a través del propio presidente del Consejo de la Judicatura, pero se encontraron con una dignidad que resolvió a favor de la vicepresidenta, lo que le valió una retaliación de jueces sumisos. ¿Se trataba sólo de un vil maltrato? No, el plan era no encargarle la presidencia para facilitar su continuidad en el poder porque no le funcionó la designación del reemplazo de aquella. No pidió la licencia que la ley exige en campaña electoral, lo que observaron los observadores internacionales de los comicios y se puso en ventaja en las dos campañas porque usó fondos públicos a pesar de la prohibición legal, ofreciendo bonos de distinta clase por $560 millones, mientras 17.000 pacientes renales esperan las diálisis que no pueden hacerles por la deuda del Estado y el IESS a los prestadores privados.

Las encuestadoras del poder le dijeron al candidato presidente que ganaría en la primera vuelta. Algo salió mal, apenas votaron por él poco más de 17.000 personas respecto a su contendora, gritó “fraude” pero los observadores internacionales no le siguieron el juego. Había que hacer algo. Entraron en acción los bonos y el odio que enferma al país inundó el país. Había un inconveniente, los sufragios que en la primera vuelta habían favorecido al candidato indígena asomaban verterse a favor de la otra candidatura, no sólo por el apoyo ofrecido por la dirigencia sino porque jamás se inclinarían por la opción neoliberal. Se esfumaron en los escrutinios y el otro apareció venciendo con más de un millón de votos. Se recuerda esta frase: “La hormiga, por odio a la cucaracha votó por el insecticida. Acabaron todos muertos, incluso el grillo, que votó nulo”. Se trata de convencer, no de vencer. (O)