Finalmente, el Gobierno se decantó por la apuesta más arriesgada al concretar su decisión de convocar a la largamente anunciada consulta popular. Serán ocho preguntas, que, en caso de ser aprobadas, reformarán un amplio conjunto de artículos de la Constitución. Cada una de ellas se plantea como una enmienda, que es una de las variantes establecidas para la reforma constitucional. Por tanto, se trata de un referendo en el que el resultado es vinculante o mandatorio y no de un plebiscito que prácticamente equivale a un sondeo de opinión. Es una apuesta fuerte, sobre todo porque buena parte de la aplicación de las reformas tiene que pasar por la Asamblea y eso, como se sabe, es un proceso de pronóstico reservado.

CNE convocará a la consulta popular el próximo 7 de diciembre y con ello coincidirá con las elecciones seccionales del 5 de febrero del 2023

La larga experiencia del país en estos asuntos sirve para afirmar que con esta decisión se abre una nueva coyuntura política en la que el Gobierno, quiéralo o no, se convierte en el actor central. Siendo el proponente de las preguntas, está obligado a encabezar la campaña por su aprobación y debe defenderlas ante la arremetida contraria que inevitablemente se configurará. Las consultas en nuestro medio son referendos acerca del convocante más que sobre el contenido de las preguntas. Además, deberá ejercer con más fuerza esa defensa cuando el debate se desplace a la Asamblea. Pero parece que en los círculos gubernamentales predomina una idea muy diferente, ya que en sus primeras declaraciones los voceros anunciaban que el Gobierno adoptaría una posición de observador imparcial. Es probable que sea una manera de evitar la confrontación y buscar que el debate se concentré en los contenidos de las preguntas, pero para decirlo suavemente eso sería una ingenuidad. Las preguntas no pueden defenderse solas sin un actor político que las explique y, aunque se busque bajo las piedras, ese actor no existe fuera del gobierno.

Por otra parte, si bien algunas preguntas abordan temas de importancia para el ordenamiento institucional del país, en su mayoría no están conectadas con las preocupaciones cotidianas de la ciudadanía. Solamente la primera roza tangencialmente (por medio de la extradición) el problema de la inseguridad que actualmente constituye la mayor preocupación colectiva. Hay dos preguntas (7 y 8) que tratan sobre protección hídrica en las áreas protegidas y sobre un subsistema de compensación para la realización de servicios ambientales, que podrían contar con el apoyo de grupos ecologistas y en alguna medida de comunidades indígenas. Todas las demás serán más difíciles de comprender para el votante mayoritario que no tiene a la política como preocupación central.

Estas son las ocho preguntas de referéndum propuestas por el Gobierno de Guillermo Lasso y ya aprobadas por la Corte Constitucional

Se puede anticipar que algunas de las reformas propuestas provocarán debates encendidos. La reducción del número de asambleístas será una de ellas porque afectará a buena parte de las provincias que sentirán mermada su representación. Sería de esperar, en cambio, que las dos referidas al Consejo de Participación (la 5 y la 6) sean aprobadas sin mayor problema, porque en la práctica eliminarían a ese engendro. Pero habría que esperar que, por un ejercicio mínimo de coherencia, quienes aprueben esa reforma al mismo tiempo voten nulo en la elección de los miembros de este. Sería el mejor mensaje de la combinación consulta-elección, pero también para esto se requiere alguien que la encabece. (O)