En días recientes se ha vuelto a escuchar la queja de entidades que no reciben los aportes y/o los pagos que el Estado debe realizar sea por participaciones que por ley otorga el presupuesto general del Estado (PGE) o por servicios realizados en ámbitos como atenciones médicas, obras públicas o de otra naturaleza.
Este problema de los atrasos no es de este Gobierno, ni del anterior. Se comenzaron a generar ya en la decadencia del modelo populista del 2006 al 2017 y lo único que han hecho es crecer a través del tiempo.
Los atrasos tienen un impacto demoledor sobre la economía. El Estado no les entrega recursos a los municipios, porque no los tiene. Los municipios no pagan a sus proveedores y no hacen obra. Lo primero hace que a su vez estos proveedores no paguen sus cuentas y la cartera de los bancos se deteriore. Lo segundo contribuye al estancamiento de la economía. Igual es el razonamiento para cualquier atraso.
El Estado no cumple con el IESS, porque el PGE no tiene recursos que la ley en forma ridícula exige (ej. El 40 % de pago de las pensiones jubilares). El IESS, entonces, se atrasa con sus proveedores, y se dan los mismos efectos sobre incumplimiento de los proveedores del IESS con sus bancos y falta de inversión.
Para que entendamos el camino por el cual el Ecuador transita, sin que se esté agarrando el toro por los cuernos y se estén resolviendo los problemas de fondo, entendamos que los atrasos del presupuesto acumulados superan los 4.500 millones de dólares. Esos atrasos, que son deuda más que real, no están contabilizados en las cifras de la deuda pública. Y esto sin considerar que hay muchos servicios prestados, que ya se han realizado, sobre los cuales no hay todavía una auditoría, pero que se tienen que pagar a futuro. Las auditorías están en muchos casos atrasadas en más de un año. Si realmente se considera esto, los atrasos son más de 5.000 millones.
Tampoco figuran en la deuda pública los CETE. Estos son certificados de tesorería, que deben emitirse y liquidarse dentro del ejercicio de un presupuesto, de tal suerte que a fin de año se liquiden. Esos CETE son más de 2.400 millones, que tampoco figuran en las cifras de la deuda, y que ya se han vuelto un bono más, no un instrumento de manejo de la tesorería, y que finalmente son recursos que en vez de estar colocados en el sector productivo, la banca (con bastante presión de gobiernos sucesivos) los ha tenido que adquirir, restando liquidez a la producción y al consumo.
Pero la historia no termina ahí. Los convenios de liquidez, que igualmente deberían liquidarse cada año, son recursos que el PGE toma de empresas como CNT, Petroecuador, CNEL, y otras, para el gasto del Gobierno, y que dejan a esas empresas sin capacidad de inversión. Son alrededor de 3.500 millones, y tampoco están considerados en las cifras de deuda.
El trilema económico: entre recaudación, reducción y restauración
En resumen, estimado lector, cuando le hablen de la deuda pública, añada 11.000 millones de dólares de deuda real.
¿Podemos seguir esperando por las grandes reformas que el país necesita sin que lleguemos a un gran acuerdo nacional? (O)
