Nelsa Curbelo: Deber de denunciar | Columnistas | Opinión

Una de las preguntas que más alimentan las conversaciones de estos días tiene que ver con la posibilidad o no de denunciar hechos como los ocurridos en la Escuela de Policía. Y el silencio y aislamiento a los que de cierta manera están obligados los cadetes. ¿Hasta qué punto hay que obedecer órdenes injustas? ¿Quién protege al que denuncia y arriesga su empleo? ¿El silencio es el precio a pagar para terminar una carrera? ¿Cómo hacerlo cuando hay una relación jerárquica de poder? El asesinato de María Belén Bernal, a manos de un teniente de la Policía, en el interior de un recinto policial, ha suscitado ese y otros debates. La misma pregunta se puede hacer en relación a todas las instancias que tienen relaciones de poder desiguales: jefe, subalternos; profesores, alumnos.

Denunciar hechos punibles, en esos casos, demanda gran valentía y asumir muchos riesgos. No debería ser así. La CIDH lo reafirmó el 3 de junio de 2021 y planteó una tarea pendiente para los legisladores.

La “defensa” de una institución no se logra callando sus malos actos o su corrupción...

El excapitán Vicente Grijalva Bueno demandó al Estado ecuatoriano por los abusos y represalias que se habían realizado contra él, por haber denunciado violación de derechos humanos en el interior de la Fuerza Naval. Lo hizo dentro de las Fuerzas Armadas, primero, y luego en los medios de comunicación. Tenía relación, entre otros, con la muerte de Consuelo Benavides.

La sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos, CIDH, el 3 de junio de 2021, en el artículo 160, dentro del capítulo Derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, afirma textualmente: “Las declaraciones realizadas por el Sr. Grijalva Bueno a su institución y ante los medios de comunicación corresponden a una de las actividades que pueden ser emprendidas por defensores y defensoras de derechos humanos.

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El tribunal considera que el Sr. Grijalva Bueno en su cargo como miembro de la Fuerza Naval del Ecuador y funcionario público, tenía el deber, dentro de sus obligaciones, de denunciar la gravedad de los hechos relacionados con violaciones de derechos humanos… El Sr. Grijalva actuó en defensa de los derechos humanos al denunciar las torturas, desapariciones forzadas, así como las muertes de tres personas, de las cuales tuvo conocimiento en razón de su cargo. Los funcionarios públicos, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas, deben efectuar denuncias sobre graves violaciones de derechos humanos cuando tengan conocimiento de ello, siendo una obligación que debe estar consagrada constitucional y legalmente. Al Estado le corresponde adoptar las medidas necesarias para asegurar que los funcionarios públicos que realicen este tipo de denuncias no sean objeto de represalias en su contra y brindar la protección debida. Además, debe tomarse en cuenta que usualmente los funcionarios públicos tienen un conocimiento temprano de estos actos por la función que desempeñan”.

La novedoso de la sentencia es en cuanto al deber de la denuncia y que señala que debe estar consagrada constitucional y legalmente, por eso es tarea pendiente para los legisladores.

Quienes callan, por presiones, miedo, son cómplices. La “defensa” de una institución no se logra callando sus malos actos o su corrupción. Se logra con el buen accionar de sus miembros y la transparencia en sus acciones. (O)