Como señala el expresidente Osvaldo Hurtado, citando a Samuel Huntington: una democracia se institucionaliza cuando el pueblo, sus líderes y las autoridades la valoran como parte de sus vidas, se someten a sus procedimientos, comparten los principios de la comunidad política, creen que el sistema es legítimo, respetan las discrepancias, poseen una visión común del interés público, superan las diferencias mediante acuerdos, cumplen con los mandatos de la ley, acatan las órdenes de las autoridades y contribuyen al logro de los objetivos colectivos (Ecuador entre dos siglos, p. 308-309).
Estando ad portas de una segunda vuelta que definirá el destino del Ecuador por los próximos cuatro años, las reflexiones de Huntington debemos tenerlas muy presentes, ya que nos recuerdan que la estabilidad política en países en vías de desarrollo depende más de la fortaleza de sus instituciones que de su nivel de desarrollo económico. Algo que los últimos premios Nobel de Economía, Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson, han ratificado al señalar que las instituciones políticas y económicas influyen decisivamente en la prosperidad de las naciones. Es decir, las democracias que promueven el Estado de derecho tienden a ser más prósperas que aquellas sociedades que benefician solo a una élite en detrimento de la mayoría, especialmente de los más pobres.
Dicho esto, considero que el próximo gobernante debe entender que Ecuador necesita, por una parte, que los poderes públicos estén al servicio de los más necesitados; y, por otra, que no se puede hablar de una democracia institucionalizada cuando se menosprecia el Estado de derecho, entendido como el principio fundamental que garantiza que el poder se ejerza dentro de los límites de la ley, con normas claras, justas y aplicadas de manera imparcial. Esto implica que todas las personas, instituciones y autoridades, sin excepción, deben sujetarse al ordenamiento jurídico, evitando arbitrariedades y asegurando que la justicia prevalezca sobre intereses personales o políticos.
Ciertamente, la gobernabilidad de un país no depende solo del Ejecutivo. Con una Asamblea Nacional absolutamente polarizada, reflejo del estado del país, no hay muchas esperanzas de que las iniciativas del Gobierno sean aceptadas, dada la falta de acuerdos que permitan superar las diferencias en el manejo de la cosa pública.
Sin embargo, no es momento para el pesimismo ante una Asamblea que buscará boicotear al Ejecutivo. Lo más importante ahora es votar por una tendencia política que garantice lo que hemos mencionado: respeto a las discrepancias, libertad de reunión y expresión (nunca más leyes mordaza), cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales, así como la búsqueda de acuerdos para superar las diferencias existentes. Solo así se podrá construir un país donde la justicia y la equidad beneficien realmente a los que menos tienen.
El voto no es solo una elección de candidatos, sino una decisión sobre el tipo de democracia que queremos consolidar. Elegir a quienes defiendan el Estado de derecho y el bienestar de todos, en especial de los más vulnerables, es la única manera de garantizar un futuro estable y próspero. (O)
