Virtud del limbo judicial ecuatoriano, no desconcierta y casi no ofende que el defensor del pueblo haya nombrado a su subrogante desde la cárcel. Lo preocupante es que Zaida Rovira no haya tardado en hacer uso de sus funciones para remover al delegado provincial en Galápagos cuando estaba haciendo su trabajo, defendiendo los derechos de las islas.

Solo apuntando el dedo a las obviedades, Milton Castillo ha despertado la atención internacional y por tanto provocado preocupación. Nadie quiere que se sepa por qué desapareció una avioneta del aeropuerto de isla Isabela, estando en custodia policial, o por qué no hay constancia de que la Fiscalía de Galápagos haya abierto un expediente relacionado con su aterrizaje en enero del 2021. Menos aún que se encuentre a los culpables de la extracción de 185 tortugas de la vida silvestre para llevárselas ilegalmente en condiciones miserables en una maleta. Pero lo que más preocupación debe causar son las muy posibles presiones del Gobierno chino ante la incautación del barco Fu Yuan Yu Leng 999, que fue capturado en aguas ecuatorianas y multado con 6 millones de dólares. En sus contenedores se habían encontrado 6.000 tiburones, entre ellos, especies en peligro como el tiburón martillo y el tiburón ballena.

En la raíz de esta esperanzadora noticia, de que no somos un país completamente indefenso, donde hay gente que quiere hacer lo correcto, se encuentran dos preceptos que despiertan admiración en Europa. El artículo 71 de la Constitución ecuatoriana defiende la “existencia y el mantenimiento y regeneración” de los “ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos” de la naturaleza. Y el artículo 247 le da potestad al Estado para defenderla en nuestro mar territorial.

Haciendo uso de los tratados internacionales, la Constitución y el Código Penal, Castillo pudo exigir la inspección del barco criminal y así crear un precedente trascendental: Ecuador puede actuar para defender la naturaleza sin importar el origen de la embarcación. Es decir, no tenemos que dejarnos ver la cara cuando aquí se pesca indiscriminadamente especies que pertenecen al hábitat marino de Galápagos.

Los crímenes contra la naturaleza, que resultan altamente lucrativos, afectan el tenue equilibrio de los pocos recursos con los que cuenta el país, y por tanto tienen un impacto económico. Así como se ha pronunciado por la crisis política y moral del Municipio de Quito, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, tiene la obligación de señalar a la Defensoría del Pueblo y demás órganos de justicia que parecen actuar influenciados por intereses oscuros. Más aún, el llamado Gobierno del encuentro ofreció defender la causa ambiental y no puede permanecer impávido ante la indefensión de los galapagueños.

La desaparición de la avioneta nos recuerda que escasamente había un gobierno a inicios de 2021, por lo que se espera que el actual se haga escuchar alto y fuerte. Tiene a su disposición los instrumentos nacionales e internacionales que le permiten actuar para impedir la depredación industrial de nuestro patrimonio;

solo tiene que estar dispuesto a enfrentarse a las presiones. (O)