El presidente Lula da Silva ha inaugurado en Brasilia, el pasado junio, una reunión del Foro de Sao Paulo, que junto con Fidel Castro y otros políticos latinoamericanos y caribeños autodefinidos “socialistas y antiimperialistas” fundó en 1990.
En su sesión de clausura ha condenado al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por el “desmantelamiento de los espacios democráticos”, la instauración “de un partido hegemónico”, la “violación de los derechos humanos”, las “modificaciones de las reglas electorales”, las “detenciones arbitrarias de miles de personas”, la muerte de presos “bajo custodia del Estado”, la “persecución de actores sociales” y su “postulación inconstitucional para un segundo período presidencial”.
Efectivamente es lo que ha venido ocurriendo en dicho país, desde que Bukele sometió a su autoridad todos los poderes del Estado, restringió libertades, derechos y garantías constitucionales, instauró una virtual dictadura y resolvió postularse para un nuevo mandato, violando una expresa prohibición constitucional. A pesar de antes haber admitido, que “la Constitución no permite que la misma persona sea presidente dos veces”. Todo ello con la excusa y justificación de combatir a las bandas criminales, hasta ahora exitosamente, que por décadas habían aterrorizado y asesinado a decenas de miles de salvadoreños.
Estas impugnaciones al gobierno de Bukele, realizadas por el Foro de Sao Paulo, si bien son ciertas, no son ajenas a lo que a su tiempo hicieron o hacen los dictadores Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua. En estos países el Estado de derecho ha sido sustituido por dictaduras autocráticas y vitalicias, han desaparecido las libertades y garantías constitucionales, se realizan ajusticiamientos extrajudiciales de opositores, hay centenares de presos políticos, se violan sistemáticamente derechos humanos y se cometen crímenes de lesa humanidad. Estos delitos, por su gravedad y reincidencia, están siendo investigados por la fiscalía de la Corte Penal Internacional.
En 2020, una Misión de las Naciones Unidas responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro, y a sus ministros del Interior y Defensa, de haber instaurado una represiva “política de Estado” que incluía “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura”. “Crímenes de lesa humanidad”, que habían sido perpetrados “por las fuerzas de seguridad y organismos de inteligencia” del Gobierno, y mantenidos en la impunidad al ser sistemáticamente ignorados por las autoridades.
Un Informe preparado por un grupo de expertos de la ONU en 2023 responsabilizó a Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, de “haber perpetrado violaciones graves y muy diversas de los derechos humanos, que constituían crímenes de lesa humanidad”, incluidos asesinatos, prisiones, torturas, violencia sexual, deportaciones forzosas y persecuciones por motivos políticos.
Ninguno de estos atentados a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, cometidos por las dictaduras de Maduro y Ortega, fueron condenados por el Foro de Sao Paulo, en la reunión de Brasilia y tampoco en anteriores realizadas en el siglo XXI. (O)
