Dos tiranías soportamos los ecuatorianos: la una ejercida por el Consejo de Participación, a través del cual el Gobierno que lo creó adquirió el dominio de todo confiriéndole la facultad de designar a los más altos funcionarios del Estado, con lo cual se terminó el equilibrio de poderes en la administración del Estado; la otra tiranía es la que ejerce el señor Iza con sus paralizaciones del país mediante las cuales impone sus condiciones de cómo manejar los recursos naturales y decidir si producimos o no producimos petróleo, minerales. Para dejar de estar sometidos a estas dos afrentosas tiranías, debemos someter a las dos, a su aprobación o rechazo, a consultas populares, en la que el pueblo decida. El Gobierno ha decido llamar a consulta popular para desdentar al Consejo de Participación proponiendo transferir sus facultades nominadoras a la Asamblea, como fue lo normal en el pasado, a base de ternas del presidente de la República, con lo cual nos libraríamos de la una tiranía; lo propio debe hacerse con la segunda tiranía, sometiendo los acuerdos a los que está llegando el Gobierno con la Conaie, Fenocin, Feine, a la aprobación final, mediante consulta, del dueño de los recursos naturales. En una democracia, nadie puede negarse al más democrático de los procedimientos, la consulta popular. Si la dirigencia indígena cree que representa la voluntad del pueblo ecuatoriano, esta sería la oportunidad de demostrarlo; esta sería también la manera para el Gobierno de librarse de su responsabilidad histórica de ceder los derechos patrimoniales del Ecuador por la presión de un sector social.

Las consultas populares deben realizarse sin atención a la popularidad del gobernante.

El Gobierno propone a la Corte Constitucional el dar a las ocho preguntas a ser consultadas el trámite correspondiente al de enmiendas, que es el que corresponde y el único factible de alcanzar su aprobación, porque el resto de intentos ha fracasado debido a los candados establecidos en la Constitución de Montecristi. Si se les da el trámite de reformas, la Asamblea las sepultará. Con el trámite de enmiendas las preguntas pasarán directamente, sin restricciones, al conocimiento y resolución del soberano, el pueblo. Solo a guisa ilustrativa, los cambios introducidos a la Constitución de los Estados Unidos, que es el origen de las constituciones latinoamericanas, se llaman enmiendas.

Las otras preguntas de la consulta no son de la trascendencia de la referida al Consejo de Participación, pero son importantes, y en ningún caso dañinas. La cooperación de las Fuerzas Armadas con la Policía en misiones de seguridad en los tiempos que vivimos es de gran utilidad. Es importante la facultad de extradición de ecuatorianos participantes en delitos como el narcotráfico; el Estado se ha tornado incapaz de controlar las cárceles, muchos jueces lucen como complacientes con los delincuentes, por miedo o por soborno. Está bien el retirarle al Consejo de la Judicatura la facultad de nombrar a los funcionarios de la Fiscalía General; ella sola debe hacerlo. En cuanto a limitar el crecimiento desorbitado de la Asamblea por el aumento de la población eso es conveniente, pero sin reducir su número actual. Las consultas populares deben realizarse sin atención a la popularidad del gobernante. (O)