Con la decisiva victoria de Daniel Noboa el pasado 13 de abril (reconocida por todos, salvo aquellos que creen que la tinta puede tener preferencias ideológicas) ahora cada vez se habla más de reformar o incluso reemplazar la constitución de nuestro país. Razones válidas no faltan. La Constitución del 2008 adolece de un rosario de problemas que se han vuelto cada vez más evidentes durante sus 17 años de vigencia. Su garantismo extremo, nacido de un deseo de brindar la máxima protección a los derechos constitucionales, ha sido una fuente inacabable de abusos por parte de actores judiciales inescrupulosos que, so pretexto de defender algún “derecho”, han conseguido que cualquier juez en cualquier lugar dicte las sentencias y órdenes más descabelladas y abusivas que la imaginación jurídica pudiese conjurar. El establecimiento de los llamados “sectores estratégicos”, nacido de un deseo de proteger los intereses económicos y patrimoniales del Estado, ha tenido el efecto opuesto, ya que se han degenerado en un régimen sobreproteccionista que evita que la tan necesitada inversión extranjera llegue a áreas como petróleo, energía y minas en nuestro país. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lejos de ser el órgano políticamente neutro que fue concebido, se transformó en un nido de ratas donde los tentáculos de cierto partido político (antes verde, hoy azul) hicieron lo indecible para meterles la mano a todas las instituciones del Estado, como ciertos chats recientemente revelados dan testimonio. Estos son solo algunos ejemplos de áreas donde la Constitución del 2008 ha demostrado ser deficiente.

No obstante, como escribió en su momento Friedrich Nietzsche, “aquel que lucha contra monstruos debe cuidarse de no volverse uno”. Y es que, movidos por el deseo de reformar o incluso derogar esta problemática norma, algunos actores políticos e incluso algunos juristas de ilustre trayectoria están seriamente poniendo sobre la mesa las más absurdas teorías para implementar “reformas exprés”, saltándose los mecanismos establecidos para reformar nuestra carta magna. En la versión más extrema de esta corriente, se alega que como la soberanía radica en el pueblo bastaría con un simple referéndum popular para “pasarse por encima” (palabras textuales) tanto a Corte Constitucional como a la propia Constitución. Esta perspectiva no solo es una barbarie jurídica, sino que quienes la articulan están repitiendo un triste eco de la década perdida, donde exactamente esta misma lógica fue empuñada para “pasarse por encima” el Estado de derecho. En efecto, basta solo con leer el Mandato Constituyente #1 emitido por la Asamblea de Montecristi para que las similitudes salten a la vista:

“Las decisiones de la Asamblea Constituyente son jerárquicamente superiores a cualquier otra norma del orden jurídico y de obligatorio cumplimiento para todas las personas naturales, jurídicas y demás poderes públicos sin excepción alguna. Ninguna decisión de la Asamblea Constituyente será susceptible de control o impugnación por parte de alguno de los poderes constituidos”.

Ecuador debe enterrar el pasado, pero no puede hacerlo cometiendo sus mismos errores. (O)