El costo de la energía eléctrica, en cualquier país del mundo, es un rubro importante.

No solamente porque se trata de un servicio básico fundamental tanto para cualquier actividad comercial productiva, sino además, para la vivienda.

Hay servicios o bienes de los que una familia o industria puede prescindir, o diferir su pago en caso de urgencias, pero la energía eléctrica es probablemente de los últimos en esa lista, junto con alimentación, agua y vivienda.

En el Ecuador, gracias a esa bizarra concepción del servicio público, según la cual, el funcionario público es una suerte de “monarca” que hace el favor de atender al usuario y los ciudadanos debemos dar gracias a Dios por la continuidad del servicio eléctrico, sin importar la calidad ni costos del mismo, nos hemos acostumbrado a que nos equilmen día a día sin capacidad de reacción.

¿Cómo puede ser posible, por ejemplo, tal como lo han comentado expertos en la materia, que el costo de kilovatio hora de exportación a Colombia sea mucho menor que el que pagamos los ecuatorianos?

¿Que el costo de kilovatio hora sea mayor en la medida en que el consumo sea mayor, en claro discrimen contra quienes, en la regiones costa y oriente, debemos buscar alivio ante el cálido clima con el que vivimos gran parte del año?

¿Cómo puede nuestra industria ser competitiva con pares de la región con esta bárbara política, disfrazada de solidaria, que en el fondo esconde ineficiencias, sobreprecios y sobrecostos, que se financian con los bolsillos de la gente que impávida calla, ante la posibilidad de que una cuadrilla le corte la luz?

Tienen tanta razón quienes sostienen que el costo de la energía eléctrica en el Ecuador, es una suerte de impuesto, que grava a todos los ecuatorianos, disfrazado de tarifa.

Por tal motivo, vemos desde esta columna con muy buenos ojos que la ciudadanía, que está colapsada por la calamitosa situación económica producto de la pandemia de la que aún no terminamos de salir, haya comenzado a despertar y cada vez con más fuerza, reclame por los recientes incrementos injustificados en las facturas del consumo eléctrico.

También consideramos positivo que el nuevo Gobierno comience a tomar medidas, por ahora administrativas, y ojalá pronto, decisiones de fondo, que transparenten la bendita tarifa, así como el proceso de lectura y facturación, a fin de que de una buena vez, se detenga este atropello que por décadas sufrimos los ciudadanos en el Ecuador.

Al fin de cuentas, ese fue un compromiso de campaña del Presidente Lasso, quien como empresario privado de dilatada trayectoria, conoce el impacto de este desaguisado consuetudinario en la economía del ciudadano, del empresario, del industrial, del artesano, y en consecuencia, en la economía y desarrollo del país.

La misión del Estado es garantizar la satisfacción de las necesidades fundamentales de sus ciudadanos, y entre ellas, sin lugar a dudas, la energía eléctrica es una de las mas importantes por los motivos ya expresados. Ya es hora que tengamos calidad de servicio y con tarifas transparentes y justas. (O)